El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este martes en el Congreso que reforzará los efectivos dedicados a perseguir los delitos cometidos en la red e impulsará la colaboración entre el sector público y privado contra los ciberataques.

"La reciente amenaza de Anonymous constituye un buen ejemplo de la envergadura de este problema", ha añadido el ministro, que también abordará junto con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, un programa pedagógico de prevención del crimen y el acoso a través de la red.

Esta medida se enmarca en una serie de puntos relacionados con la lucha contra el crimen organizado que el departamento de Interior prevé para esta legislatura: "Las nuevas formas de criminalidad, el incremento de su actividad y su adaptación tecnológica nos obligan a revisar la estrategia contra el crimen organizado y ajustar la estructura de la Policía Judicial", ha señalado Fernández Díaz.

Además, se establecerán protocolos para la eliminación "expeditiva" y "con todas las garantías" de los efectos delictivos decomisados en operaciones policiales como el caso de los estupefacientes. Según Fernández Díaz, supone un impulso en la lucha contra el narcotráfico y el incremento de la seguridad de la droga decomisada, después de que el pasado noviembre fueran robadas más de 300 kilos de droga en polvo de un depósito de Málaga custodiado por la Guardia Civil.

Por ello, ha anunciado que Interior elaborará un programa de racionalización de la distribución geográfica de los recursos y equipos de policía judicial dedicados a combatir el narcotráfico, así como un plan especial de seguimiento en las zonas donde se cree que hay organizaciones criminales asentadas.

Otro de los anuncios que el titular de Interior ha realizado en el Congreso es el impulso a "una política de reinserción de forma individualizada" para los presos de ETA que quieran abandonar la violencia, en los términos establecidos por la ley.

"Será una política inteligente que aproveche las oportunidades que la nueva situación ofrece y que acabe con la manipulación que sufren los presos y sus familias", ha añadido Fernández Díaz, que ha señalado que todavía el 95% de los reclusos etarras siguen las directrices de la banda terrorista.

El ministro ha animado a los presos a dar "los pasos que otros han dado" (en referencia a la treintena de etarras que se han acogido a la llamada "vía Nanclares") para beneficiarse de "la generosidad que la ley contempla", ya que, ha insistido, "la única hoja de ruta del Gobierno es la aplicación de la ley".

Tras asegurar que la unidad de los demócratas, la eficacia policial y la cooperación internacional son las que han llevado a ETA a anunciar el cese definitivo de su actividad armada, Fernández Díaz ha dicho que se está "cerca del final de la violencia", aunque ha pedido "prudencia e inteligencia" porque "han sido muchas las veces en que los violentos han engañado a los demócratas".

"Ahora nos toca a todos lograr que ETA abandone definitivamente, entregue las armas y desmantele sus estructuras", ha añadido el ministro, que ha señalado que para dar por cerrado el capítulo del terrorismo quienes han usado la violencia deben "responsabilizarse de sus actos y mostrar arrepentimiento pidiendo perdón a sus víctimas". "Quienes han jaleado a los asesinos no pueden pasar a ser demócratas con unas simples declaraciones de buenas intenciones", ha insistido.

Entre los anuncios hechos por el ministro del Interior figuran el de "conceder prioridad" a la tramitación del reglamento de la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo y la puesta en marcha del Centro Memorial para las víctimas, que tendrá su sede en el País Vasco, para lo que ya se ha firmado un protocolo con el Gobierno de Vitoria. "El contenido de ese centro será preservar la verdad de lo ocurrido, sin equidistancias ni manipulaciones", ha dicho.

Fernández Díaz también se ha comprometido a luchar contra la impunidad para que cuando ETA desaparezca ninguno de sus asesinatos quede sin esclarecer.

El titular de Interior ha anunciado también una "importante reducción" del número de escoltas, para lo que ya ha encomendado al secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, la elaboración de un plan (que, en el caso del País Vasco, ya está en marcha) que tendrá en cuenta las circunstancias individualizadas de cada una de las personas protegidas.

Según los datos facilitados por el ministro, en la actualidad hay 1.500 personas que cuentan con escolta, a las que deben sumarse los cargos electos locales, cuya seguridad corre a cargo de las policías municipales.

Las tareas de escolta las llevan a cabo 2.668 policías y guardias civiles y cerca de 700 escoltas privados que se pagan con cargo al presupuesto de Interior, lo que supone un gasto de 160 millones de euros anuales, cien de ellos solo en el País Vasco y Navarra.

Aun considerando la "pervivencia latente" de la amenaza del terrorismo, el análisis de la situación actual "colige que el número de protegidos y de protectores está muy por encima" de lo que se estima como "razonable", ha concluido el ministro.

Fernández Díaz ha presentado además diez ejes estratégicos de actuación dedicados a mejorar la seguridad de los grupos de población más vulnerables como las mujeres víctimas de violación o maltrato y los menores. Dentro de ellos se encuentra la iniciativa de que en la ficha policial de los detenidos por agresiones sexuales se incluirá su huella genética, una medida que contará, ha dicho, con "plena cobertura legal".

El titular de Interior ha subrayado la colaboración con el ministerio de Justicia para luchar contra la multirreincidencia, especialmente cuando se trate de delitos comunes como hurtos, robos con fuerza o robos de vehículos. "Hay que dotar a las fuerzas de seguridad, a jueces, fiscales y tribunales de los instrumentos necesarios para ser eficaces en la lucha contra la reincidencia que genera sensación de impunidad entre la población", ha dicho Fernández Díaz.

Para reformar la legislación penal en esta materia, Fernández Díaz ha anunciado la creación de una comisión bilateral con Justicia para desarrollar la normativa necesaria para combatir judicialmente la reincidencia.

Una modificación que exigirá, ha dicho, también la reforma de la ley procesal para que se establezcan medidas cautelares inmediatas en los supuestos de comisión de más de dos delitos de la misma especie, incluida la prisión provisional. Además, Interior creará un registro central de faltas con el objetivo de contar con un sistema que permita contabilizar la reiteración de esta tipología penal.

Otro de los anuncios pasa por la elaboración de un reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) para adaptarlo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y que la policía se limite a desarrollar labores de seguridad.

El reglamento incorporará nuevas "fórmulas de gestión", de modo que el resto de las tareas en los CIES estará a cargo de "personal especializado", ha señalado Fernández Díaz en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso.

"Es una obviedad que los inmigrantes no son delincuentes. Son personas como nosotros, dotadas de los mismos derechos y de la misma dignidad", ha señalado el titular de Interior, que han insistido en que el infringir normas de carácter administrativo (entrando o residiendo de forma irregular) en España "no les convierte en delincuentes".

El ministro ha citado centros como los de Málaga o Algeciras (Cádiz) que requieren "cambios de calado" y ha informado de que los doce CIES que hay en España (seis de ellos en las islas Canarias) están a dos tercios de su capacidad, que es de 4.116 plazas.

La estancia media en los centros es de 18 días, cuando la ley permite un máximo de 60 días, ha añadido Fernández Díaz, que ha subrayado que eso supone estar "muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea".

Sobre las expulsiones de inmigrantes, el ministro ha dicho que las "cualificadas" (es decir, las de quienes han cometido delitos) fueron un 80% el año pasado frente al 57% que supusieron en 2009, mientras que las no cualificadas han disminuido.

En materia de inmigración, Fernández Díaz ha anunciado el fortalecimiento de la colaboración internacional y, especialmente, con la Unión Europea para "recibir fondos adicionales para la lucha contra la inmigración irregular" y ha asegurado que se firmarán nuevos acuerdos de readmisión con países de origen y tránsito de los inmigrantes.