El Ministerio de Interior y Comunicación japonés, junto con la Asociación Nacional de Radiodifusión Comercial del país, ha puesto en marcha una iniciativa para concienciar a los usuarios japoneses sobre la descarga ilegal de archivos a través de Internet. El gobierno ha empezado a distribuir archivos falsos a través de redes P2P que, una vez abiertos, alertan sobre la ilegalidad de este tipo de descargas.
La lucha de los países contra la infracción de los derechos de autor y las leyes de copyright les ha llevado a desarrollar cualquier medida que logre acabar con las descargas ilegales. Países como España con la ley Sinde, EE UU. con la ley SOPA y Francia con la ley Hadopi son algunos de los más restrictivos contra este tipo de actos.
A diferencia de las medidas que aplican otros países, Japón solo usa una simple medida disuasoria
Se trata de leyes que han puesto en contra a usuarios, e incluso gigantes de Internet, contra productoras de cine y discográficas. Mientras que esto ocurre en Occidente, al otro lado del mundo las cosas están algo más calmadas. Más concretamente en Japón.
El gobierno de este país asiático prohíbe la descarga de archivos protegidos con derechos de autor desde el mes de marzo de 2010. Sin embargo, ha elaborado una iniciativa para intentar sensibilizar a la población y evitar las descargas, según un comunicado de prensa publicado por el Ministerio de Interior y Comunicación.
El Ministerio del Interior está empezando a compartir archivos falsos mediante P2P. Se trata de archivos falso porque cuando los usuarios descargan ese archivo en lugar de aparecer el contenido se muestra un mensaje que alerta sobre las consecuencias de descargar archivos que incumplen las leyes de derechos de autor.
Al contrario que ocurre en países como Francia con la ley Hadopi -al llegar a tres avisos se procede al cierres de la conexión a Internet- se trata de una simple medida disuasoria. Lo que pretenden desde el gobierno japonés es concienciar a los usuarios para que dejen de descargar este tipo de contenidos, ya que su descarga como la subida a la Red es un delito. Según el ministerio, hasta el momento el experimento ha tenido una acogida positiva entre los usuarios.
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