El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, por el que comunidades autónomas y entes locales deberán aprobar techos de gasto y se sancionarán los incumplimientos en la materia.

La ley orgánica, que deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, concreta los términos de la reforma constitucional que pactaron el pasado agosto el Gobierno, entonces socialista, y el PP desde la oposición.

Ahora corresponde al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy redactar el anteproyecto, cuyos principales objetivos son garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la Unión Europea.

Para ello todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020.

Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4% para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.

Se va a aprobar también que la administración pública que incumpla el plan económico-financiero para corregir las desviaciones de déficit en las que incurra deberá constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

El anteproyecto prevé también que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable.

Se establece en paralelo un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores.

Con esta normativa la deuda de las Administraciones no podrá superar el valor de referencia del 60% del PIB establecido en la normativa europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales, y la "prioridad absoluta" será atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto.

En paralelo la ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten.

Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.