El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado una profunda reforma de la Justicia que incluye el pago de tasas para recurrir. "Copago judicial". Una medida polémica que ya han rechazado algunos partidos políticos e instituciones.
Así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirma que la intención del Gobierno de establecer un nuevo copago judicial es una "mala noticia", porque encarecerá, aún más, el acceso a la justicia de los ciudadanos, dificultando la defensa de sus derechos.
La OCU, en un comunicado, opina que antes de optar por soluciones que encarecen y dificultan el acceso a la justicia de los ciudadanos, "habría que fomentar sistemas judiciales eficaces, como el arbitraje, para garantizar la protección de los consumidores y no como ahora que son voluntarios para las empresas". Este encarecimiento, según la OCU, supondrá una traba más para el consumidor para acudir a dirimir sus asuntos ante el juez. "De esta forma -señala- las compañías con las que contrata y que no atiendan las reclamaciones adecuadamente, podrán seguir impunemente con sus abusos, sabiendo que el consumidor raramente va a ir a juicio, por los trastornos, la lentitud y el alto coste".
Además, será más difícil todavía reclamar judicialmente contra la Administración en vía contenciosa por parte de los particulares para defenderse de decisiones incorrectas de la Administración, al ser necesario ir acompañado de un abogado o procurador para cualquier reclamación, "aunque sea una multa de tráfico".
Se pone en riesgo el futuro de la Justicia como servicio público Mientras, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) considera que la creación de una tasa para poder recurrir las resoluciones judiciales supone "un ataque flagrante" al estado de bienestar y pone en riesgo el futuro de la Justicia como servicio público. En otro comunicado, el SISEJ manifiesta su rechazo a esta y otras medidas propuestas por Gallardón. Entre ellas, el sindicato discrepa "profundamente" sobre la imposición de una tasa que "puede derivar en un copago en la justicia" y se opone al anuncio del Gobierno de cambiar el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acabar con la politización del máximo órgano de jueces y magistrados.
Críticas de Rubalcaba
Por otro lado, el presidente del grupo parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado lo "injusto" que supone la propuesta del Gobierno porque supone que "los que tienen menos" no pueden recurrir una sentencia desfavorable.
En rueda de prensa celebrada en el Congreso, Rubalcaba ha reprobado las reformas anunciadas bajo el argumento de que "no se puede decir 'quiero consenso en Justicia' y luego promover iniciativas que lo rompen". También ha lamentado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara este martes, al término de su comparecencia en el Congreso, la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean elegidos exclusivamente por los jueces.
Entre las voces favorables a la propuesta de las tasas, se encuentra la reacción de la consejera de Presidencia y Justicia de Madrid, Regina Plañiol, quien ha apoyado la iniciativa porque reducirá "el uso intensivo que tienen los tribunales españoles", de manera que se usen "en los casos que sea estrictamente necesario".
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