La banca tendrá dos años para provisionar pérdidas si lo carga contra beneficio

El Gobierno está estudiando dar un plazo de dos años a las entidades que decidan cargar las mayores exigencias de provisiones por la depreciación de sus activos inmobiliarios sobre los beneficios, y establecer un periodo inferior, previsiblemente de un año, para aquellas que las detraigan del capital, según informaron a Europa Press en fuentes financieras.
Mariano Rajoy
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EUROPA PRESS
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El Gobierno está estudiando dar un plazo de dos años a las entidades que decidan cargar las mayores exigencias de provisiones por la depreciación de sus activos inmobiliarios sobre los beneficios, y establecer un periodo inferior, previsiblemente de un año, para aquellas que las detraigan del capital, según informaron a Europa Press en fuentes financieras.

La última Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado 19 de marzo encabezada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acogió favorablemente la posibilidad de flexibilizar los plazos para engordar el colchón contra pérdidas a base de resultados con el fin de evitar que las entidades entren en 'números rojos'.

La reforma financiera que presentará el Gobierno de Mariano Rajoy en las próximas dos o tres semanas que incluirá la exigencia de elevar las provisiones al sector por importe conjunto de 50.000 millones de euros para afrontar las pérdidas relacionadas con el 'ladrillo', recogerá la posibilidad de cargarlas sobre resultados, lo habitual, o sobre capital.

La normativa contable actual ya recoge la posibilidad de que las entidades en proceso de combinación de negocios acometan los saneamientos contra reservas, tal y como sucedió en la primera ola de reestructuración financiera acometida en 2010 y 2011.

Según datos del Banco de España, las entidades financieras en procesos de integración engordaron las provisiones específicas con cargo a reservas por importe conjunto de 22.000 millones de euros hasta el pasado 30 de septiembre de 2011.

BANKIA, BENEFICIADA

Las fuentes consultadas apuntan a que Bankia podría verse beneficiada por la opción de cargar las provisiones contra patrimonio, ya que ha presentado una oferta no vinculante por Unnim, nacionalizada por el Banco de España y actualmente en pleno proceso de adjudicación.

Además, el banco que preside Rodrigo Rato aún no ha culminado definitivamente el proceso de integración de las siete cajas de ahorros que lo integran: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

Por otro lado, las fuentes destacan que el plazo de dos años para acometerlas con cargo a los resultados pueden servir para evitar la entrada en pérdidas de las entidades y el consiguiente impacto negativo sobre la confianza de los clientes y depositantes, y del mercado.

A falta de que el Gobierno concrete los criterios para elevar lass provisiones y presente su plan, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, es la entidad que mayores provisiones debe realizar por hasta 7.474 millones de euros, según los cálculos realizados por el servicio de estudios de BBVA.

En el segundo lugar del ranking de mayores necesidades de provisión para afrontar quebrantos en el sector inmobiliario se encontraría el Banco Popular (5.102 millones de euros), en proceso de integración con el Pastor, y en el tercer puesto se situaría el Banco Santander (4.617 millones de euros).

La reforma financiera que ultima el Gobierno de Mariano Rajoy aspira a que la banca duplique la cobertura de los activos adjudicados con sus propios recursos sin recurrir a ayudas públicas, para evitar que el contribuyente asuma ningún coste y se generen efectos negativos sobre el déficit público.

La exposición problemática de las entidades españolas al sector inmobiliario, incluyendo créditos dudosos, subestándar y activos adjudicados, asciende a 176.000 millones de euros en la actualidad y está dotada con una cobertura del 33%, de la que 17.000 millones corresponden a provisión genérica y 41.000 millones, a específica.

Incrementar esta dotación para cubrir un posible deterioro del 60% en los activos problemáticos significa que son necesarias provisiones adicionales por importe superior a 48.000 millones de euros para el conjunto del sistema financiero español, según las fuentes consultadas por Europa Press.

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