El objetivo de este 'diagnóstico', que el bipartito deberá remitir al Parlamento en el plazo de seis meses, es elaborar después un plan similar, por ejemplo, al de carreteras o puertos, que sirva de guía para la gestión de este patrimonio, que no se puede realizar "a golpe de ocurrencia" o de "emergencia".

Lo ha dicho así el diputado 'popular' Iñigo Fernández, en una rueda de prensa en la que ha presentado una proposición no de ley de su grupo a debatir en el Pleno del lunes 20 de noviembre.

Con esta iniciativa, el PP reclama al Ejecutivo bipartito que elabore un plan de seguimiento y estudio del estado de dichos bienes para asegurar su conservación, ya que en la actualidad es "muy desigual".

De hecho, en el último año se ha celebrado en el Parlamento numerosos debates en la materia, propiciados por sucesivas propuestas tramitadas por distintos partidos, como los relacionados con el grado de conservación del Cargadero de Mineral de Dícido, en Mioño (Castro Urdiales); el Palacio de Chiloeches, en Santoña; las antiguas escuelas de Terán, en Cabuérniga; o el Teatro del Sanatorio de Pedrosa, en Marina de Cudeyo.

Pero para el PP, "más allá" de traer a la Cámara la "preocupación social" respecto a la situación concreta de un bien de interés cultural, se requiere una "planificación", que a juicio de Fernández tiene que apoyarse en un documento que incluya la descripción del estado actual de cada uno de estos bienes, su régimen de propiedad y los procedimientos posibles para garantizar su adecuada conservación.

"Si esta región es capaz de planificar sus inversiones en carreteras a través de un Plan de Carreteras, mucho más necesario es planificar el tratamiento que le damos a los bienes de interés cultural y los pasos que ponen en marcha las administraciones para procurar su conservación, su mantenimiento o su recuperación", ha considerado este diputado.

"Presumir por las televisiones de España de la riqueza que tiene el patrimonio de esta región está muy bien, pero también hay que trabajar", ha apostillado Fernández, en alusión, pero sin citarle, al presidente del Gobierno de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla.

Al hilo de lo anterior, y en términos generales, el portavoz del PP ha lamentando que "uno de los temas en los que siempre falla" el actual Ejecutivo de regionalistas y socialistas es "en la falta de soluciones" para los problemas de la Comunidad: "Parece que al otro lado de la puerta nunca hay nadie".

En este punto, y a propósito de la iniciativa propuesta, Fernández ha aclarado que no se refiere específicamente al consejero del ramo, el nuevo titular de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes (PSOE), que tomó posesión del cargo hace aproximadamente mes y medio, en sustitución de Ramón Ruiz, sino que hay "otros" que tienen "más protagonismo".

Y es que a su juicio, la actividad del Gobierno es "muy desigual" según las distintas consejerías, y "en Presidencia parece que nunca hay nadie", ha agregado el diputado 'popular'.

PROPUESTA

En cuanto a la iniciativa en sí, el PP apuesta por disponer de un diagnóstico exacto de cada uno de los elementos que componen el catálogo de Bienes de Interés Cultural, de manera que tanto los recursos económicos como los esfuerzos políticos y administrativos puedan comenzar a ordenarse, de acuerdo con una programación que, en cualquier caso, debería aprobar y supervisar la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Cantabria.

Para ello, los 'populares' reclaman al Ejecutivo que elabore un documento sobre el estado de conservación de los BIC de la región y que remita dicho documento a la Cámara en el plazo máximo de seis meses, para que la comisión del área analice el contenido de dicho informe, emita sus observaciones y remita su propia propuesta de programación a corto, medio y largo plazo.

El objetivo final es que el Gobierno apruebe un plan definitivo de actuaciones destinado a garantizar la conservación de los bienes de interés de cultural existentes en la región, que servirá de guía para ordenar tanto la inversión económica como los esfuerzos políticos y administrativos en un horizonte aproximado de seis u ocho años.