"Está claro que no es necesaria más legislación para luchar contra la piratería"

La operación del FBI contra Megaupload ha lanzado un mensaje muy claro. El portal, muy popular en todo el mundo por alojar y facilitar la descarga de contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual, como películas o series para televisión, entre otros, ha sido solo el primero en toparse con la justicia. Otros, como Rapidshare, podrían ser los siguientes.

La pregunta ahora es, ¿cuál es entonces la utilidad de la aún no aprobada ley SOPA?

"Está claro que no es necesaria más legislación", explica a 20minutos.es el abogado David Maeztu, especializado en Nuevas Tecnologías. La Fiscalía de Virginia acusa de conspiración para  blanquear dinero, conspiración mafiosa y violación del copyright a las siete personas responsables de la web, a las que confiere la entidad de organización criminal. El juicio pinta largo y complicado. Era cuestión de tiempo que actuaran contra ellos, era algo que "estaba en el ambiente, al menos en España", añade Maeztu.

¿Por qué? Porque Megaupload no es una simple página de enlaces, sino que almacenaba contenidos. ¿Quién los subía allí? Los usuarios. "Sin ellos Megaupload no es nada", asevera Carlos Sánchez Almeida, letrado experto en Internet. Más de 150 millones de personas de todo el mundo estaban registradas en el portal y subían los archivos -muchos de ellos de carácter particular-, que generaban "una URL privada" que publicitaban ellos mismos o webs como Series Yonkis, citada en la acusación por darle tráfico a Megaupload.

Megaupload no publicitaba el hecho de alojar contenidos sujetos a derechos; de hecho, explica Sánchez Almeida, si había una petición expresa los retiraba de sus servidores. Pasó tras el famoso experimento #tablasinde de David Bravo. En pocos minutos se generó una lista con enlaces a contenidos que les hizo el trabajo a las empresas poseedoras de los derechos: algunas pidieron la retirada de los mismos a Megaupload y el portal accedió.

La fiscalía de Virginia admite que Megaupload retiraba contenidos, pero solo "de forma selectiva". El proceso tendrá que probar que los dueños de la web tenían conocimiento efectivo de que en su portal había información ilícita para imputarles una responsabilidad, lo mismo que dice el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) española. Y que se han lucrado con eso, aunque eso la Fiscalía lo considera más que probado.

"No quiero decir que sean inocentes", dice Sánchez Almeida, que sí apuesta porque este tipo de intermediarios "desaparezcan", así como, por ejemplo, los que hay en la industria cinematográfica o en la musical para "acercar" más a autores y usuarios. ¿Volverá ahora la gente al p2p -intercambio de archivos entre particulares- de siempre? "Toda la Red es p2p", contesta el abogado.

Maeztu explica que Kim Dotcom, máximo responsable de Megaupload, había "maximizado las posibilidades" de su negocio que, según la fiscalía, premiaba a los usuarios que subieran más contenido. Los programas de p2p como eMule "no habían ganado dinero" con esto, pero su persecución alimentó "una bestia peor" pero mucho más cómoda de utilizar: la descarga directa. La incentivación pagada a usuarios, considerada blanqueo por EE UU, es el aspecto más peliagudo de la acusación.

Sin embargo, para Sánchez Almeida todo ha sido una "ceremonia de propaganda" y el papel de Megaupload es el de "chivo expiatorio" ya que, en este caso, "con la arquitectura penal habitual" no es posible sentar en el banquillo al colaborador necesario y al infractor inicial. Es decir, es imposible que esos 150 millones de usuarios sean procesados. "Seguirán haciendo lo mismo", surgirán "20 megauploads más" y habrá una "inseguridad jurídica".

"Me consta que se están programando ya sistemas que reúnen lo mejor del p2p con lo mejor de la distribución", apunta, y eso "no está cubierto por la legislación". La tecnología va siempre por delante. Por eso, la respuesta jurídica necesaria no debería implicar más dureza sino un "acuerdo general"  que, en primer lugar, logre que quien genere la obra sea quien gane dinero con la publicidad y que las miradas se dirijan "a las grandes operadoras" de Internet.

La operación contra Megaupload pone en riesgo, según Sánchez Almeida, a todas las páginas de Internet por la intromisión de EE UU en la actividad de otros países, incluso es un riesgo "para las propias empresas estadounidenses". Maeztu sugiere que muchas podrían emigrar sus servidores a lugares remotos como Rusia, que puede que no estén dispuestos a colaborar tan fácilmente como Nueva Zelanda. En España podría empezar a pasar algo parecido.

"Hay que ir con cuidado", dice Sánchez Almeida, "las empresas en España que se dedican a actividades similares a Megaupload pagan sus impuestos" y también pueden estar considerando dejar el país. "Igual que hay paraísos fiscales puede haber paraísos de datos y eso es un "error", añade. "Hace falta una legislación universal", reclama, aunque hasta entonces Maeztu avisa: hoy por hoy, "los mecanismos y convenios de colaboración internacional para la persecución de delitos son avanzados".