El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside este jueves la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en la primera reunión que se convoca en esta legislatura, y también la primera vez en la historia que el jefe del Ejecutivo asume la presidencia de este organismo, que hasta ahora dirigía el vicepresidente económico de turno.

La gravedad de la crisis y la necesidad de generar la confianza en la economía española han llevado a Rajoy a no crear una vicepresidencia económica en su Gabinete y asumir él mismo la presidencia de este organismo y la supervisión de la política económica.

El Gobierno estudiará en la comisión que las mayores provisiones que exigirá a la banca para afrontar pérdidas en el sector inmobiliario se carguen contra el capital y no contra la cuenta de resultados, según informaron a Europa Press en fuentes financieras.

El Ejecutivo calcula que el sector financiero necesita provisiones extra por 50.000 millones de euros para hacer frente a eventuales quebrantos derivados de la exposición al sector inmobiliario, pero aún no ha decidido si este colchón se nutrirá del patrimonio o de los beneficios que obtienen las entidades.

El ministerio de Economía baraja fijar un plazo de entre uno ó dos años para que las entidades engorden el colchón contra pérdidas derivadas del 'ladrillo', y que dichas provisiones se detraigan del capital ante la posibilidad de que hacerlo contra resultados suma en 'números rojos' a la gran mayoría del sistema financiero español.

No obstante, la opción de que las mayores provisiones que se exijan a la banca puedan proceder de su capital afecta directamente a la solvencia de las entidades, que han de contar con un 'capital principal' de entre el 8% y el 10%, según lo exigido por el Banco de España.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), ha establecido además que las cinco mayores entidades españolas, consideradas sistémicas (Santander, BBVA, La Caixa, Bankia y Popular), eleven sus fondos propios con más de 26.100 millones de euros antes de junio de 2012 para tener un 'core tier 1' del 9%.

Esta exigencia de la EBA, sin embargo, podría suavizarse si las medidas adoptadas por los gobiernos europeos para hacer frente a la crisis de deuda soberana de la eurozona surten efecto, tal y como apuntó recientemente el presidente de la institución, Andrea Enria.

La reforma financiera que ultima el Gobierno de Mariano Rajoy aspira a que la banca duplique la cobertura de los activos adjudicados con sus propios recursos sin recurrir a ayudas públicas, para evitar que el contribuyente asuma ningún coste y se generen efectos negativos sobre el déficit público.

La exposición problemática de las entidades españolas al sector inmobiliario, incluyendo créditos dudosos, subestándar y activos adjudicados, asciende a 176.000 millones de euros en la actualidad y está dotada con una cobertura del 33%, de la que 17.000 millones corresponden a provisión genérica y 41.000 millones, a específica.

Incrementar esta dotación para cubrir un posible deterioro del 60% en los activos problemáticos significa que son necesarias provisiones adicionales por importe superior a 48.000 millones de euros para el conjunto del sistema financiero español.