La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha abogado este miércoles por "cambiar la mentalidad" de los clientes de la prostitución.
Así lo ha expuesto la edil en una entrevista recogida en Telemadrid, donde ha añadido que, aunque el modelo sueco, que consisste en sancionar económicamente al cliente "es adecuado y está teniendo resultado", no hace falta llegar a multar a estas personas.
No hace falta penalizar; las mentalidades cambian"No hace falta penalizar sino pensar que las mentalidades cambian, por lo que hay que hacer saber al cliente que posiblemente esas mujeres no son totalmente libres", ha afirmado la primera edil, que cree que así podría darse un cambio de actitud para que no se empleasen esos servicios.
También ha defendido que las administraciones deben "proteger" a las víctimas, en este caso las mujeres que, por regla general, han caído en las redes de bandas dedicadas al tráfico de personas.
La prostitución, como ha señalado, atenta "contra la dignidad del ser humano, en este caso de la mujer, que normalmente se encuentra en una situación de debilidad". "Si ese hombre supiera que esa mujer está traficada por una banda y no es libre quiero pensar que no iría", añadió.
Medidas que no funcionan
Actualmente, la política que sigue el Ayuntamiento de Madrid con la prostitución es la de vigilar las zonas del centro de Madrid (Montera, Ballesta, Gran Vía) con cámaras de vigilancia para intentar ahuyentar a los clientes. Las primeras se instalaron en 2008. Sin embargo, las trabajadoras del sexo siguen ofreciendo sus servicios en el centro de la capital, según puede comprobarse cada día.
Gallardón prometió acabar con la prostitución callejera en el año 2003La Policía Local también multa a las meretrices y les solicita su identificación o los papeles si las descubren tratando con un cliente.
Sin embargo, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) y el colectivo Hetaria vienen denunciando que el enfoque del Ayuntamiento es "meramente policial" y que esto no acaba con la explotación de las mujeres.
En su última movilización, que tuvo lugar el 6 de noviembre, un centenar de prostitutas reclamó al entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, una reunión para negociar "espacios dignos" para ejercer.
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