Cada día tienen lugar en España unos 180 desahucios. Esa es la media de 2011 y nada indica que las cosas vayan a ser distintas en el nuevo año. Como ejemplo, este miércoles Lamín y su familia han sido desahuciados de su casa en el distrito madrileño de Usera.
En un intento de atajar la situación, al menos con los más desprotegidos, Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una iniciativa en la que pide al Gobierno a suspender todos los desahucios que afecten a parados.
IU reivindica el derecho constitucional a la viviendaIU insta al Gobierno a "regular urgentemente" medidas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda de trabajadores en situación de desempleo, entre las que destaca la "suspensión inmediata" de la ejecución de todos los embargos de la vivienda habitual que afecten a parados que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca.
La iniciativa propone además fijar una moratoria de al menos un mes en los procedimientos de embargo en curso para que el deudor pueda alegar "condiciones abusivas o en fraude de ley" que puedan existir en las cláusulas de sus contratos de crédito hipotecario.
Un alquiler "compensatorio"
Asimismo, aboga por el reconocimiento de la subsistencia del derecho de uso a la vivienda habitual por un período mínimo de cinco años, en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de forma que se establezca un alquiler "compensatorio" pactado entre las partes, que no podrá ser superior a un tercio de los ingresos de la unidad familiar que reside en la vivienda.
Pide que las administraciones asesoren y arbitren los procesosIzquierda Unida pide la incorporación al procedimiento judicial de embargo del análisis de los riesgos existentes en el momento de la concesión del crédito, de acuerdo con las garantías reales que podría ofrecer el deudor, de la gestión de riegos aplicada por la entidad financiera en el crédito y limitación de la responsabilidad a esas garantías.
Asimismo, reclama el establecimiento de un equipo de asesoramiento y arbitraje en las administraciones de consumo de comunidades autónomas y ayuntamientos para garantizar la adecuada información sobre las cláusulas de los créditos hipotecarios y arbitrar en la fijación de acuerdos para la moratoria de las deudas hipotecarias o para la fijación de los alquileres compensatorios.
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