Las principales leyes antipiratería en países de todo el mundo: mucho ruido y pocos resultados

En diciembre de 2009, la disposición final primera del Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible disparaba todas las alarmas en Internet. El texto, que no tardaría en conocerse como ley Sinde, ponía en manos de un organismo llamado Comisión de Propiedad Intelectual la decisión sobre el bloqueo, sin necesidad de una orden judicial, de páginas web que violasen los derechos de autor. Esta medida despertaba los temores sobre una posible amenaza a la libertad de expresión y suponía el inicio de una larga batalla que a día de hoy aún dura.

Esta polémica, lejos de ser exclusiva de España, reproducía los mismos enfrentamientos que se vivían, se están viviendo y se vivirán en multitud de países de todo el mundo. La ley HADOPI levantó a los internautas franceses, la Ley de Economía Digital intenta controlar la piratería en Reino Unido y la ley SOPA (Stop Online Piracy Act) ha conseguido poner a los gigantes de Internet en su contra. Analizamos cómo se lucha contra la violación de la propuedad intelectual en diferentes países del mundo.

¿Cuál es la principal ley antipiratería?

Nacida en 2009 y conocida popularmente como ley Sinde, la disposición final primera del Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible ha vivido un largo proceso antes de entrar en vigor. Fue impulsada por la ministra de Cultura del Gobierno de Zapatero Ángeles González-Sinde y avalada por el Gobierno de los Estados Unidos, que presionó en todo momento para que la normativa fuese aprobada.

¿En qué consiste?

La ley Sinde supone la creación de un organismo conocido como Comisión de Propiedad Intelectual cuya misión es determinar si una página web vulnera los derechos de propiedad intelectual y, en caso de que así sea, tramitar su cierre en el menor plazo de tiempo posible. La comisión contará con dos secciones. La primera, formada por tres miembros nombrados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, asumirá labores de mediación y arbitraje. La segunda sección estará compuesta por el secretario de Estado de Cultura (José María Lassalle) como presidente y cuatro vocales de los ministerios de Cultura, Industria, Presidencia e Economía que deberán tener una titulación superior y conocimientos de propiedad intelectual. Su misión será la de ejercer como salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. Actuará mediante denuncias de parte.

De este modo, cuando un titular de derechos de autor (una discográfica, una editorial, un artista...) considere que una página web está aprovechándose de su trabajo sin permiso, podrá denunciarla a la Comisión de Propiedad Intelectual. La sección segunda se encargará de analizar la reclamación y, en caso de considerar que efectivamente se están vulnerando los derechos de autor del demandante, solicitará a los responsables de la página que retiren los contenidos. En caso de que no se conozcan los datos de los supuestos infractores, la sección segunda podrá acudir a la justicia para solicitar la información al prestador de servicios de la página (una segunda posible vía del proceso es la petición directa de la retirada del contenido a dicho prestador de servicios). Una vez avisada, la página web tendrá un plazo de 48 horas para retirar el contenido protegido de forma voluntaria.

Si termina el plazo de dos días sin que se haya procedido a la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos, se inicia un proceso de otros dos días de presentación de pruebas, cinco días para la presentación de conclusiones por parte de la comisión y tres días para dictar una resolución. Si se insiste en la culpabilidad del demandado, la sección segunda acudirá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo para que autorice o rechace la resolución. Si se da el visto bueno, el infractor deberá obedecer en un plazo de 24 horas.

¿Por qué es una medida polémica?

Las principales protestas contra la ley se centran en dos puntos polémicos. El primero de ellos es la escasa participación del juez en el proceso. La justicia en ningún momento estudia el caso, su papel se limita a la petición de información a los prestadores de servicios de Internet (en caso de que sea necesario) y a la aprobación o no de una conclusión de la Comisión de Propiedad Intelectual en la que no ha intervenido ningún juez. En segundo lugar, existe un gran temor a una posible censura y control de Internet, ya que la ley no va solo contra las páginas web con ánimo de lucro sino también contra aquel que "haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial" a los titulares de derechos de autor. Esta redacción hace que casi cualquier página web pueda ser demandada por violación de la propiedad intelectual.

¿Quién la apoya y quién se opone?

La ley Sinde fue propuesta por el Gobierno de Zapatero. Contaba con el aval de Estados Unidos y, tras realizar algunas modificaciones en el texto inicial, el PSOE logró el apoyo de CiU y Partido Popular. Las principales voces a favor de la ley antidescargas son las pertenecientes a las industrias discográfica, cinematográfica, editorial y del videojuego. De este modo, han manifestado su apoyo a la ley organizaciones como la patronal del videojuego aDeSe o la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, formada por entidades como la SGAE, EGEDA y Promusicae.

En contra de la ley Sinde se posicionaron miles de usauarios de Internet y organizaciones que llevaron a cabo numerosas protestas tanto en la Red como fuera de ella (como las quejas que se realizaron durante la alfombra roja de los Goya 2011, por ejemplo). Entre los actores más destacados se incluyen la Asociación de Internautas, FACUA, la plataforma Red SOStenible y el abogado especialista en propiedad intelectual David Bravo así como todos aquellos que se sumaron al Manifiesto en favor de los derechos de Internet, entre los que se encuentra la web 20minutos.es.

Pese a los esfuerzos de muchos por impedirlo, la polémica de la ley Sinde se ha dibujado muchas veces como un enfrentamiento entre autores e internautas, entre gente de la cultura y usuarios de Twitter y de las redes sociales. Algunos autores contribuyen a alimentar esa idea defendiendo con vehemencia que sólo una norma antidescargas podría defender sus derechos e impedir la violación de propiedad intelectual. En este grupo encontramos a figuras como Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Pau Donés, Ana Milán, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Almudena Grandes, Juan José Millás o Fernando Savater entre muchos otros. Por otro lado, también son muchos los creadores que están en contra de la ley Sinde, ya sea por considerarla insuficiente o inefectiva o innecesaria. Los creadores que han alzado la voz contra la ley Sinde van desde los músicos copyleft hasta Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Andreu Buenafuente o Arturo Pérez-Reverte.

Álex de la Iglesia tuvo un papel destacado en el debate. El famoso director, que por aquel entonces presidía la Academia de Cine, manifestó inicialmente su apoyo a la polémica norma. Sin embargo, tras ver el gran revuelo que se produjo en Internet por la posible aprobación de la ley, Álex de la Iglesia quiso conocer el tema más en profundidad. Tras varios días de discusiones y reflexiones en Twitter, De la Iglesia se reunió con algunas destacadas figuras de Internet para hablar sobre las oportunidades que presenta la Red. El realizador vasco quedó satisfecho con la reunión y manifestó su cambio de postura: la ley Sinde ya no le parecía la mejor opción. Sus opiniones volvieron a resultar incómodas, esta vez en el bando contrario, y acabaron con su dimisión como presidente de la Academia.

¿En qué estado se encuentra?

El Congreso aprobó definitivamente la disposición final de la Ley de Economía Sostenible el 15 de febrero de 2011 con 323 votos a favor de PSOE, PP y CIU, 19 en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención. Sin embargo, la redacción y aprobación del reglamento se han retrasado durante muchos meses. Aunque el texto estuvo a punto de recibir luz verde en las últimas semanas de la pasada legislatura, finalmente quedó en el tintero y no fue aprobada hasta el 30 de diciembre, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con José Ignacio Wert como ministro de Educación, Cultura y Deporte, dio vía libre al reglamento. Ahora está por verse cómo se llevarán a cabo las primeras intervenciones contra páginas web.

¿Cuál es la principal ley antipiratería?

La Stop On Line Piracy Act (SOPA) y la Protect IP Act (PIPA) son las dos modalidades "hermanas" del proyecto de ley antipiratería de Estados Unidos. La SOPA llegó a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 de la mano de Lamar S. Smith y se basa en los mismos principios que la PIPA, de 2008.

¿En qué consiste?

La ley antipiratería estadounidense busca acabar con la divulgación de contenidos protegidos por derechos de autor. Pero añade un matiz a la legislación con la que contaba hasta ahora EE UU, al poder actuar contra sitios web de cualquier parte del mundo. Las medidas contra los infractores son mucho más duras que las planteadas en otros países como España. En caso de ser aprobado el proyecto de ley, se pondrá en marcha un proceso que inicialmente se parece bastante al planteado por la ley Sinde: un individuo, empresa u organismo que piense que sus derechos de autor están siendo vulnerados puede solicitar una orden judicial contra dicha web. Una vez concedida la orden, el proceso se vuelve más duro que el previsto en España. Además, el Departamento de Justicia también puede solicitar bloqueos por iniciativa propia.

Tras recibir una orden judicial, el Fiscal general de los Estados Unidos puede intervenir contra una web de diversas maneras: obligando a los proveedores de Internet a cortar el acceso a esas páginas, ordenando a los buscadores que eliminen los enlaces a ellas, impidiendo el uso de servicios de pago como PayPal y prohibiendo a los anunciantes poner publicidad en las webs demandadas, medidas estas últimas con las que se busca la asfixia económica de los supuestos infractores. Por otro lado, a diferencia de la ley Sinde, que limita su actuación al cierre de páginas web, la ley SOPA prevé hasta 5 años de cárcel para quienes descarguen contenidos protegidos.

¿Por qué es una medida polémica?

Como en el caso de la ley Sinde, una de las principales preocupaciones que plantea la ley SOPA es la posible vulneración de la libertad de expresión. La ambigüedad del planteamiento da vía libre a muchas interpretaciones y podría conllevar el bloqueo de webs que poco o nada tengan que ver con la piratería. Muchos ven un grave peligro para los blogs y para los sitios que alojan contenidos de usuario tales como Flickr, YouTube o incluso las redes sociales, ya que tendrían que asumir la responsabilidad del material colgado por los internautas. También se ha alertado sobre posibles atentados contra la privacidad puesto que una parte del proyecto de ley permitiría a los jueces ordenar a los Proveedores de servicios de Internet la inspección de las direcciones IP de sus clientes. Además, las medidas afectarían a todo el mundo, puesto que la mayoría de los sitios más visitados de Internet están registrados en Estados Unidos.

¿Quién la apoya y quién se opone?

No son pocos los grupos que se han posicionado a favor de la ley SOPA. Destaca el apoyo de la Cámara de Comercio de EE UU así como el de múltiples políticos tanto demócratas como republicanos. El magnate de la comunicación Rupert Murdoch ha manifestado su apoyo total a la legislación, llegando incluso a realizar duras declaraciones en las que acusaba a Google de ser "líder de la piratería por permitir la reproducción por streaming de películas gratis y vender anuncios sobre ella".

Como está sucediendo en todo el mundo, las mayores presiones proceden de la industria del entretenimiento, especialmente de la música y del cine (la asociación de la industria discográfica RIAA y la cinematográfica MPAA, por ejemplo). De hecho, según ha revelado el portal Deadline, varios grandes empresarios de Hollywood han manifestado su disgusto por las declaraciones de Obama en contra de la ley SOPA y han manifestado la retirada de su apoyo al actual presidente de los Estados Unidos. Estas declaraciones responden a las realizadas por la Casa Blanca hace unos días, cuando sugirió que el presidente Obama vetará cualquier medida "que reduzca la libertad de expresión, incremente los riesgos a la seguridad cibernética o socave" la red cibernética global.

En contra de la ley SOPA se ha alineado un importante grupo de grandes empresas de la industria tecnológica estadounidense. La plataforma NetCoalition.com, por ejemplo, agrupa a gigantes como Google, Yahoo, Amazon, eBay o PayPal. Muchas otras empresas también se han pronunciado en contra de la ley antipiratería y así lo hicieron ver el día 18 de enero mediante el gran "apagón" de Internet, liderado por Wikipedia y secundado de un modo u otro por más de 10.000 sitios de Internet tales como Mozilla, Craiglist, Vimeo o WordPress. Aunque el sector tecnológico se opone mayoritariamente a la ley SOPA, algunas empresas sí la consideran positiva. Ese es el caso de Apple, Adobe y Microsoft.

¿En qué estado se encuentra?

Los dos proyectos de ley antipiratería de EE UU, la SOPA en la Cámara de Representantes, y la PIPA en el Senado, han quedado en suspenso tras las presiones que los gigantes de Internet han ejercido en los últimos días y la oposición de la ciudadanía. El pasado viernes en EE UU, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció que retrasaría el voto de la ley antipiratería de la cámara alta, la PIPA (PROTECT IP Act), tras las protestas de gigantes como Google y Wikipedia. El principal patrocinador del otro proyecto legal, la SOPA (Stop Online Piracy Act), el miembro republicano de la Cámara de Representantes Lamar Smith, reaccionó a las declaraciones de Reid, anunciando también el aplazamiento indefinido de la audiencia sobre el texto. Smith dijo que renuncia a llevar la ley a votación mientras no haya un acuerdo más amplio que permita combatir la piratería, después de que el martes se limitara a posponerla a febrero tras las primeras presiones.

¿Cuál es la principal ley antipiratería?

Aunque el nombre oficial de la ley antipiratería francesa es Ley de Creación e Internet o Ley promotora de la difusión y la protección de la creación en Internet, como en el caso de otros países, se ha hecho popular con una denominación más sencilla: ley Hadopi (nombre formado por las siglas de la comisión) o ley Oliviennes (apellido del autor del informe que sirvió de base a la ley). La norma fue planteada en 2009 y no tardó en generar polémica.

¿Por qué es una medida polémica?

La ley preveía sanciones contra los internautas que descargasen archivos de forma ilegal, para los que establecía un dispositivo progresivo de sanciones: aviso por correo electrónico, un segundo por correo certificado y, si el usuario reincidía, la desconexión de Internet. El castigo podía llegar hasta la suspensión del acceso a Internet durante dos años sin dejar de pagar. Todo el proceso correría a cargo de un organismo sancionador creado específicamente para tal fin. La ausencia de intervención judicial en el proceso fue el punto más controvertido. Las protestas hicieron que, en junio de 2009, el Consejo Constitucional de Francia censurase parte de la polémica ley contra la piratería. Los miembros de este organismo atendieron al recurso de inconstitucionalidad del Partido Socialista y las directrices señaladas por el Parlamento Europeo, y dijeron que solo un juez tiene la competencia para impedir el acceso a la Red.

¿Por qué es una medida polémica?

En julio de 2009 entraba en vigor una nueva versión de la ley Hadopi. El texto, que sigue vigente a día de hoy, mantiene el sistema de avisos pero elimina la desconexión automática tras la segunda reincidencia. En su lugar, el caso es remitido a un juez. Si el internauta llega a ser considerado como un "falsificador" se arriesga a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel. El juez puede también pronunciar una pena complementaria y suspender durante un año como máximo el acceso a Internet.

En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá 15 días para ejecutar la orden judicial, y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que avisar a la Alta Autoridad, para que elimine las pruebas del informe del internauta acusado y evitar así que haya una lista negra de 'fichados'. Es decir, la notificación del cumplimiento queda en manos de las telecos.

Otra de las enmiendas prevé una multa si el abonado deja a un tercero usar su acceso a Internet para hacer descargas no autorizadas. El titular podría tener que pagar hasta 1.500 euros y "eventualmente" verse privado de su acceso a la Red durante un máximo de un mes. Para evitar esta situación, el titular del abono podrá instalar un sistema en su ordenador para que la entrada a determinadas páginas requiera de un código de acceso, mecanismo que podrían ofrecer los propios operadores.

Si el abonado al que se le haya cortado el acceso acude a otro operador de Internet para contratar de nuevo el servicio, se enfrentará a una multa de 3.750 euros. Otra de las novedades introducidas es la petición de que los proveedores informen a sus abonados de los riesgos que corren si realizan descargas no permitidas de contenidos protegidos.

¿En qué estado se encuentra?

Pese a que muchos países han considerado la ley Hadopi como un ejempo a seguir, la norma francesa ha demostrado desde el principio ser bastante inútil. En marzo de 2010, un estudio de la Universidad de Rennes demostraba que el uso de los programas de intercambio de archivos se había reducido muy poco mientras que el número de descargas directas y visionado de streaming aumentó de forma significativa. En julio de ese mismo año aún no se había enviado ningún aviso a los internautas.

El Gobierno reaccionó poniendo en marcha una agresiva campaña de control de la piratería. Los titulares de derechos de autor comenzaron a enviar decenas de miles de direcciones IP de los presuntos infractores a los proveedores de servicios de Internet (ISP). Los proveedores de Internet debían asumir la tarea de identificar los nombres, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono de los presuntos infractores, es decir, sus propios clientes. En caso de no hacerlo en un plazo de 8 días, corrían el riesgo de una multa de 1.500 euros por día por cada IP no identificada.

Aun así, en enero de 2011, un estudio de comScore informaba de que las descargas de Megaupload se habían disparado en Francia. Ese mismo mes, una investigación de los responsables galos de la lucha contra la piratería revelaba que la mitad de los franceses reconocía piratear por Internet. Poco tiempo después, Sarkozy reconocía errores en la ley Hadopi. A finales de enero de 2012, ningún usuario ha sido desconectado.

El sistema desplegado para mantener la ley Hadopi en funcionamiento ha supuesto la creación de una infraestructura con 60 personas en plantilla y un coste de 15 millones de euros. Tal derroche y los escasos resultados obtenidos han generado muchas quejas y dudas tanto entre representantes de la industria cultural como dentro del propio Senado galo. Las consecuencias de este fracaso ya se empiezan a notar: la comisión antipiratería francesa no renovó el cargo a tres de sus colegiados el pasado 24 de diciembre. Además, el nuevo presidente del Senado, nombrado por los socialistas, es un diputado posicionado abiertamente contra la ley Hadopi. Esta situación, pese a que la comisión insiste en la buena marcha de la ley, pone el futuro inmediato de la norma francesa en entredicho.

Reino Unido

La ley antipiratería que funciona en Reino Unido es la Digital Economy Act, el sistema incluye disposiciones muy similares a la ley francesa como la desconexión de los usuarios que descarguen de forma continuada material con derechos de autor. En primer lugar se realizan una serie de avisos para pasar luego al corte de Internet e incluso a la imposición de multas de hasta 50.000 libras (unos 59.800 euros). Al igual que en España, también se prevé el cierre de páginas web que ofrezcan enlaces a contenidos con copyright. Más controvertida es la norma que obliga a las proveedoras de servicios de Internet a vigilar a sus usuarios para detectar si descargan archivos protegidos y, en caso de que lo hagan, avisar a los titulares de los mismos. Si un proveedor se niega a cumplir estas normas se arriesga a ser sancionado con una multa de hasta 250.000 libras (unos 280.000 euros). El Parlamento de Reino Unido aprobó el controvertido proyecto en abril de 2010 por una votación de 189 a 47. A día de hoy, las consecuencias de la ley no han sido significativas.

Suecia

Conocida como Enforcement Directive o IPRED, la ley aplicada en Suecia es en realidad una directiva del Parlamento Europeo adoptada por el país nórdico en abril de 2009. Preveía muchas medidas similares a las de las leyes antipiratería de otros países: multas a los internautas, desconexiones de la Red y vigilancia de los usuarios a través de las proveedoras de Internet. La implantación de la norma tuvo un efecto inicial de reducción de descargas por miedo a las consecuencias pero, una vez superados los temores, el número de descargas no tardó en crecer de nuevo. Por su parte, las proveedoras de Internet desarrollaron un sistema de eliminación de las IP de sus clientes para evitar la tarea de control que les imponía la ley.

Irlanda

Ha sido el país que más directamente ha actuado contra la piratería. Al igual que Francia o Reino Unido, su norma antidescargas se basa en un sistema de tres avisos. El tercero implica la desconexión del infractor durante un mes. Si tras el mes de desconexión el usuario reincide, se le impide el acceso a Internet durante un año. A diferencia de lo que sucede en otros países, Irlanda sí cuenta con el apoyo de un importante proveedor de Internet, Eircom. Esta ayuda ha permitido la identificación de cientos de internautas y el envío de las primeras cartas de advertencia. Sin embargo, algunos proveedores de Internet que no apoyan la ley ya están adoptando la estrategia de las operadoras suecas de eliminación de direcciones IP de los clientes.

Para acabar de complicar el panorama, a día de hoy aún se discute un acuerdo internacional contra la piratería que, de aprobarse, podría obligar a los países que lo adoptasen a ajustar su legislación nacional. Conocido como ACTA, el texto ya lleva varios años en negociación. En abril de 2010 se dio a conocer un texto que no preveía cortes de acceso a Internet a los usuarios, solo obligaba a las operadoras a dar los datos de sus clientes si un juez lo ordenaba y, en teoría, no haría necesario modificar las legislaciones nacionales. En septiembre de 2010, un nuevo borrador quitaba aún más presión sobre los proveedores de Internet, a los que ya no se responsabilizaría de las descargas realizadas por sus clientes. En noviembre de ese mismo año surgían importantes dudas sobre los posibles beneficios de la ley. El objetivo principal de esta norma es el "Endurecimiento de Derechos de Propiedad Intelectual" (de hecho, así se titula uno de los capítulos). El Consejo de la Unión Europea aprobó a mediados de diciembre de 2011 el ACTA, escondida entre legislación relacionada con asuntos pesqueros. El único paso que resta antes de la entrada en vigor del ACTA es la aprobación del texto por parte del Parlamento Europeo.

El reciente cierre de la web de alojamiento de archivos Megaupload ha supuesto un punto de inflexión en la distribución de contenidos en Internet y plantea nuevas cuestiones sobre las leyes antipiratería. Según el abogado David Maeztu, después de esta sonada intervención del FBI, "está claro que no es necesaria más legislación". A raíz del cierre del conocido portal y de la detención de su fundador, se ha producido un efecto dominó que ha llevado a muchos otros servicios similares a cancelar sistemas de suscripción y eliminar archivos de forma masiva. De este modo, la reducción de enlaces en Internet a contenidos protegidos por derechos de autor ha sido significativa en los últimos días y hace preguntarse hasta qué punto son necesarias normativas como la ley Sinde, la ley Hadopi o la ley SOPA.