Con este acuerdo, la Generalitat, gobernada por el PSC e ICV, se suma a iniciativas similares de las comunidades de Madrid, Valencia y La Rioja, gobernadas por el PP.

La solución que han pactado la Generalitat y los restauradores catalanes implica la creación de muros de aire a base de potentes sistemas de ventilación, que no sólo ofrecen soluciones de resultados similares a los de ladrillo, sino que implican costos mucho más baratos para los dueños de los locales y de más fácil implementación.

Con el aire, argumentan, se puede lograr la separación total de espacios con y sin humo. Según las autoridades sanitarias de la Generalitat, el aire se considera limpio si no tiene más de 0,7 microgramos de nicotina por metro cúbico. Las pruebas realizadas demuestran que con un buen sistema de ventilación, se puede crear una barrera de aire que mantiene limpio el ambiente.

Aire puro y más barato 

El director general de Salud Pública de la Generalitat, Antoni Plasencia, ha asegurado que los sistemas de ventilación "garantizan en todo momento la pureza del aire y que no haya nicotina ambiental" y está convencido de que los acuerdos alcanzados no significan vulnerar la ley antitabaco estatal.

La instalación de ventiladores supone, para los propietarios de locales, un ahorro que el Gremio de Restauración de Barcelona ha cuantificado en unos 7.000 euros de media. Sin contar los trámites burocráticos, permisos y licencias de obras, consensos vecinales de los inquilinos del edificio, etc.

Distintas interpretaciones 

De igual parecer son los responsables de las comunidades de Valencia, Madrid y La Rioja.

En Valencia, el reglamento ha aumentado la superficie de los locales exentos de separar las zonas de 100 a 120 metros cuadrados, y en todo caso no impone que la separación sea física. Las de Madrid y La Rioja estudian borradores que eliminan así mismo la obligación de compartimentar las zonas con humo, y autorizan a fumar en las cafeterías de algunos centros de trabajo.

A todo esto, el Ministerio de Sanidad ha sido tajante en su negativa a admitir interpretaciones de la ley. La Comunidad Valenciana tiene de plazo hasta el día 10 de junio para adaptar su reglamento a la ley y, si no lo hiciera, Sanidad recurrirá el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En el caso de Cataluña, será la primera vez que la ministra Salgado tenga que enfrentarse, por la Ley Antitabaco, con un gobierno presidido por un correligionario del PSC como Pascual Maragall.

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