El Consell de Govern ha acordado que la Dirección General de la Abogacía de la comunidad autónoma ejerza su derecho a presentarse como acusación particular en el caso que investiga la muerte de Núria Orol como consecuencia de un posible delito de violencia de género ocurrido el pasado mes de octubre de 2011.

El portavoz del Govern, Rafael Bosch, ha informado de ello en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el cual ha considerado que la violencia de género se ha convertido en un "problema social grave" contra el cual las autoridades y las instituciones públicas, con el apoyo del conjunto de la ciudadanía, "deben luchar con todas las fuerzas y herramientas" que tengan a su alcance para erradicarla totalmente.

Cabe recordar que el 13 de diciembre de 2011, el Instituto Balear de la Mujer envió a la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social, un informe en el cual se consideraba necesario y urgente autorizar a la Abogacía de la comunidad para que compareciera en el procedimiento penal iniciado en el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma -el cual se inhibió a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma- para ejercer la acción popular como parte acusadora.

Finalmente, el 20 de diciembre, la consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carme Castro, de acuerdo con dicho informe, emitió resolución por la cual daba traslado a la Abogacía de la comunidad de la documentación enviada por el Instituto Balear de la Mujer e informaba del proceso penal iniciado en relación con la muerte de Núria Orol, con el objetivo de que éste organismo pidiera autorización al Consell de Govern para comparecer.

Cabe decir también que el Govern ya expresó en su día la voluntad de la Administración autonómica de comparecer en los juicios penales por violencia de género, de acuerdo con lo que prevé la Ley para la mujer.

Con esta finalidad, el Consell de Govern celebrado el día 17 de octubre de 2008 ya acordó autorizar a la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración (competencia atribuida actualmente a la consellera de Salud, Familia y Bienestar Social) ejercer como órgano coordinador entre el Govern y la Abogacía de la comunidad autónoma para notificar las actuaciones judiciales de las cuales se tenga constancia, relacionadas con casos de violencia contra las mujeres con resultado de muerte o de lesiones graves para que la Abogacía comparezca en el juicio penal correspondiente.

Para ello, la Abogacía debe contar con la autorización correspondiente del Govern, de acuerdo con lo que dispone la Ley de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma.