El portavoz del Govern, Rafael Bosch, ha dicho que el Ejecutivo no prevé retirar el anteproyecto de modificación de la Ley de Función Pública a pesar de las numerosas alegaciones que el proyecto ha recibido por parte de diversos partidos y entidades sociales de las islas.

Cabe recordar que el anteproyecto de Ley de Función Pública, que se encuentra en estos momentos en fase de exposición pública y cuyo plazo para presentar alegaciones está a punto de concluir, pasa a considerar el catalán como un mérito y no como un requisito a la hora de acceder a la función pública, así como para la promoción interna.

Durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Bosch ha explicado que el objetivo de la modificación de la ley es permitir la "coexistencia" de las dos lenguas oficiales en la comunidad (catalán y castellano) dentro de la función pública, al tiempo que "permitir que lleguen a la comunidad los mejores profesionales".

Cabe explicar que actualmente el catalán es considerado como un requisito a la hora de acceder a un puesto dentro de la función pública, si bien tras la modificación pasará a ser considerado como un mérito para algunas profesiones y categorías.

El portavoz ha señalado que se estudiarán todas las alegaciones que se presenten y que se tomarán en consideración aquellas que el Govern crea que mejoran el texto normativo, siempre y cuando estén dentro de "la línea del proyecto" iniciado por el Ejecutivo.

El anuncio de este anteproyecto ha suscitado diferencias de opiniones en distintos municipios de las islas, algunos incluso gobernados por el propio PP, como es el caso del Ayuntamiento de Manacor. A este respecto, Bosch ha señalado que, como instituciones que son, tienen "todo el derecho del mundo" a expresar su postura.

En cualquier caso, Bosch ha recalcado que la intención del Govern es que todos se sientan "cómodos" en un contexto de "convivencia lingüística". Asimismo, ha añadido que la idea no es que haya una "prevalencia" de una lengua sobre otra, sino una "coexistencia".