Imputado un secretario judicial por supuestamente quedarse con el dinero de multas

El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha imputado al secretario del Juzgado de Paz de la localidad cordobesa de Castro del Río acusado de un delito de malversación de caudales públicos tras supuestamente detectarse la desaparición de dinero de multas e indemnizaciones.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha imputado al secretario del Juzgado de Paz de la localidad cordobesa de Castro del Río acusado de un delito de malversación de caudales públicos tras supuestamente detectarse la desaparición de dinero de multas e indemnizaciones.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han detallado que al procesado aún no se le ha tomado declaración, después de que se le llamó a declarar y solicitó retrasarlo para consultar unos documentos. Al respecto, según avanza este viernes 'El Día', el magistrado que investiga la causa, Antonio Rodríguez Moyano, ha resuelto postergar la cita a febrero.

La investigación comenzó a finales de agosto de 2010 después de que varios órganos de la capital constataran "el funcionamiento anómalo" del juzgado del municipio de la comarca del Guadajoz. Fuentes próximas al caso han explicado al citado diario que los funcionarios empezaron a detectar la dilación en el pago de multas o indemnizaciones por parte de vecinos de Castro del Río condenados por sentencia.

Puestos en contacto con los procesados, argumentaban que habían depositado el dinero en el juzgado de paz y que disponían del extracto bancario que el propio secretario les había entregado. Cuando los funcionarios lo interrogaban sobre el asunto alegaba habitualmente un problema en el correo entre Castro del Río y la capital.

La Fiscalía ha calculado la desaparición de alrededor de 50.000 euros que los vecinos supuestamente le habrían entregado para pagar multas, indemnizaciones o requerimientos de pago, dinero cuyo paradero ahora intenta aclarar el magistrado. Fuentes judiciales han explicado que los juzgados no tienen potestad para recoger dinero y que son siempre los ciudadanos los que ingresan el efectivo en una cuenta bancaria. La única excepción son las fianzas.

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