A cambio de la explotación de 4 mil millones de toneladas de hierro, y la producción anual de 1,5 millones de toneladas de hierro esponja y 1,4 millones de toneladas de acero laminado, el Estado percibirá anualmente 50 millones de dólares (30 por la explotación del yacimiento y 20 por la paulatina participación que tendrá el Estado en la empresa), unos beneficios menores a los inicialmente previstos por el gobierno.
El proyecto se ejecutará con gas boliviano y no con carbón vegetal, lo que no afectará al medio ambiente.
Jindal venció a Mittal
Las autoridades del gobierno de Morales destacaron que las condiciones de la privatización del Mutún son mejores a las definidas por los gobiernos neoliberales, aunque menores a sus expectativas.
La licitación del yacimiento fue postergada en dos oportunidades, bajo la presión de los grupos opuestos a Evo Morales e íntimamente ligados a las transnacionales petroleras y a los latifundistas del oriente.
Jindal era la única compañía en quedaba en licitación después de que Mittal Steel (también controlada por capitales indios y protagonista de la actual OPA sobre Arcelor) fuera descalificada en la fase de presentación de propuestas.
La inversión de la Jindal, que alcanzará a un total de 2.300 millones de dólares en los próximos ocho años, incluye la construcción de un gasoducto y una termoeléctrica.
Error neoliberal
En algunos sectores sociales e intelectuales bolivianos, se cuestionó esta privatización, que entrega la explotación de los recursos naturales a las transnacionales, cuando el Estado podía haberse hecho cargo de todo el negocio. El ingeniero metalúrgico Ivan Postigo declaró que el gobierno de Evo Morales estaba cometiendo un grave error al licitar el Mutún e impedir una explotación estatal que podría dar más recursos a Bolivia que el gas. Bolivia tiene el 40% de las reservas de hierro de todo el mundo, mientras que de gas solo posee el 2%.
Para el influyente Cedla, una organización no gubernamental, “la licitación del Mutún confirma la orientación neoliberal del gobierno en el sector minero, proceso que viene desarrollándose en el marco del Código Minero aprobado por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997”.
Según esta orientación, los proyectos siderúrgicos de explotación, concentración y refinación del mineral se desarrollarán bajo el control de una transnacional minera, donde la participación del Estado se circunscribe a buscar mayores impuestos y cuidar el medio ambiente, exigiendo el uso de gas natural en vez de carbón vegetal como energético para la industrialización del hierro.
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