El Tribunal Supremo israelí confirmó este jueves la validez de la una ley que limita la posibilidad de los ciudadanos israelíes de traer para vivir con ellos a sus cónyuges de nacionalidad palestina.

Por seis votos a favor y uno en contra, el Supremo no declaró inconstitucional la llamada Ley de Ciudadanía, aprobada en 2003 y que había sido contestada ante los tribunales por las ONG de derechos humanos israelíes, Adalah, ACRI y Hamoked, informaron dichas organizaciones.

La norma permite la reunificación familiar en Israel solo a los israelíes casados con palestinos varones que tengan al menos 36 años o mujeres que tengan más de 26 lo que, en una cultura donde los matrimonios tienen lugar en edad temprana, limita enormemente la posibilidad de traer a Israel a los palestinos de Cisjordania.

También impide que los cónyuges de israelíes obtengan la nacionalidad israelí si son palestinos.

Esas limitaciones no se aplican si el cónyuge es extranjero pero de cualquier otra nacionalidad, por lo que apenas afectan a la población judía israelí y se dirigen fundamentalmente a la minoría árabe, que representa un 20% de la población.

El Supremo reconoce que la ley garantiza a los cónyuges el derecho a vivir juntos pero matiza que ese derecho no tiene necesariamente que ser ejercido en su país, Israel.

La mayoría de los miembros de la corte admiten que la norma daña el derecho a la igualdad, pero considera que lo hace de forma proporcional y entiende que no entra en conflicto con las leyes fundamentales del país.

Entre los votos en contra se encuentra el de la presidenta del Supremo, la magistrada Dorit Beinisch, que cree que la ley viola el principio de igualdad al afectar masivamente a la población árabe del país, que supone el 20% de la población total de 7 millones.

La ONG ACRI (Asociación por los Derechos Civiles en Israel) declaró en un comunicado que "el Supremo ha fracasado gravemente en su labor de defender los derechos humanos ante la tiranía de la mayoría parlamentaria".

"Es un día oscuro para la protección de los derechos humanos y para el Supremo", asegura la nota, que añade que la corte "ha estampado su aprobación en una ley racista que dañará las vidas de familias cuyo único pecado es la sangre palestina que corre por sus venas".