Este veredicto le ha costado el cargo al coordinador de urgencias (que ya estaba apartado cautelarmente de su puesto), al gerente y al director médico del hospital. Todos ellos, sin embargo, podrán seguir ejerciendo sus especialidades médicas, aunque no en cargos de confianza de la Consejería de Sanidad.
Los seis inspectores, que no han encontrado pruebas de que el Severo Ochoa haya practicado eutanasias, han analizado 339 historias clínicas (desde septiembre de 2003 a marzo de 2005) en las que había 151 sedaciones.
Exceso de fármacos
De ellas, 57 se realizaron sin el consentimiento por escrito del paciente o sus familiares. Además, se han detectado 25 «incidencias» en las que hubo «sedación no indicada, indebida o suministrada en exceso».
Pese a estas «incidencias», el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, manifestó que el informe «no afirma que hubiera mala praxis médica, aunque tampoco lo descarta». A su juicio, no se podrá llegar a una valoración concluyente hasta que las historias sean «analizadas una a una por profesionales médicos» para ver si las circunstancias personales de cada paciente justificaban un suministro excepcional de fármacos.
Para ello se ha creado una comisión, formada por profesionales del hospital más otros tres médicos ajenos al centro, que comenzarán a trabajar de inmediato y remitirán a la Fiscalía los resultados de su investigación.
Lo que sí se ha constatado son las irregularidades administrativas: en urgencias había un «caos organizativo» y «el protocolo de actuación» (que establece que los pacientes no sean sedados con carácter general y que, si hay que sedarlos, no pasen más de 24 horas en urgencias) «no se estaba cumpliendo».
Los trabajadores, indignados
Unos 300 empleados del hospital Severo Ochoa se concentraron ayer a las puertas del centro para mostrar su «indignación» contra el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por las destituciones. Los trabajadores acusaron al consejero de «escurrir el bulto» y utilizar los ceses para eludir su responsabilidad.


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