Antoni Cornellas, gerente del Consell, admitió a 20 minutos que la suya «era una prueba piloto que no ha funcionado» pese alcanzar índices de adopciones del 50%. El centro, con dos años de funcionamiento, tenía prohibido el sacrificio de los animales y costó 600.000 euros.
A una muerte segura
Los ayuntamientos se han escudado en problemas presupuestarios para negar más ayuda económica, 225.000 euros a repartir entre 31 pueblos. Ahora todo son prisas para encontrar casa a los 139 perros y 21 gatos, abocados a una muerte segura si el día 20 no han sido adoptados «ya que irán a perreras privadas para ser eutanasiados».
Para los voluntarios, como Arantxa, «es un problema que a los políticos les es fácil resolver, cerrar y ya está».
Voluntad política o eutanasia
Flop es un perro joven, un cruce de razas que, sin quererlo, se ha convertido en el veterano de la perrera al cumplir 580 días en sus instalaciones. Mantener a Flop «ha costado 4.000 euros», dicen desde el Consell Comarcal, una «cifra difícil de asumir». Sin embargo, los voluntarios barajan otras cifras, si se pusiera precio a las promesas políticas, a los sueldos, los viajes y los gastos varios, «los que ahora deben tomar la decisión que abocará al sacrificio de Flop se lo pensarían dos veces». «Aún están a tiempo», aseguran. «Salven a Flop».


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