La norma tendrá carácter retroactivo y permitirá cambiar el nombre y el sexo de los documentos oficiales como el DNI, una vez que el interesado acredite que se le ha diagnosticado una 'disforia de género' y que ha sido tratado médicamente durante dos años.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que era un compromiso 'ético' con los ciudadanos cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas.
'El Estado tiene la obligación de garantizar el desarrollo de la personalidad de cada ciudadano. Confiamos en que esta medida contribuya a dignificar la vida de miles de personas que viven en esta situación', dijo De la Vega.
Los transexuales, que según una estimación de la Cadena Ser superan en España los 7.000, se quejan de discriminación en una sociedad que ha sido tradicionalmente conservadora y que con esta iniciativa se equipara con países como Suecia, Holanda y Alemania.
'Es un paso positivo porque nos enfrentamos con una gran presión social', dijo a Reuters Joana, de 37 años, que se sometió a una operación de cambio de sexo de hombre a mujer en 1998.
Hasta ahora, según la Asociación de Transexuales de Cataluña a la que pertenece Joana, el reconocimiento del cambio de nombre requería un proceso judicial largo y costoso.
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