CCOO ha señalado que considerar a los profesores como autoridad pública, como pretende el decreto que está elaborando el Govern, no es la solución para arreglar los problemas de convivencia escolar ya que es algo que afecta a toda la sociedad y necesita de una intervención coordinada entre las conselleries de Sanidad y Bienestar Social con el fin de llegar a una "solución efectiva y real".

En un comunicado, el sindicato ha destacado que "es curioso" que un Govern que ha "hecho tanto para desprestigiar la figura del docente salga ahora con un decreto para dar más autoridad al docente".

"Si alguna cosa falla en el sistema educativo -ha añadido- es la parte que debería poner el Govern: más personal con mejor preparación y más atención a las familias que son las que primero sufren los problemas de convivencia de sus hijos y las primeras que deben salir beneficiadas".

Además, ha destacado que es más barato "imponer mecanismos autoritarios" que trabajar en "procesos educativos democráticos y participativos" que son los que "dan resultados".

"La autoridad que realmente necesita el profesor es el reconocimiento de su labor diaria, por parte de los gobernantes y del resto de la sociedad", ha subrayado el sindicato, el cual ha añadido que los mecanismos para conseguirlo pasan, casi todos, por el incremento de los presupuestos en educación para disponer de "más personal, más preparación, más formación y más recursos educativos".

Anpe reclama una ley de autoridad docente

Por otra parte, el sindicato ANPE Baleares ha aplaudido que se esté elaborando un decreto para mejorar la convivencia escolar y cree que es "muy acertado" que este documento vaya a recoger los derechos y deberes de todos los agentes implicados en la educación. No obstante, le parece "insuficiente" y ha reclamado una Ley de Autoridad Docente, como se ha hecho en otras comunidades.

Desde ANPE han señalado -en un comunicado- que una ley así, que ya se ha desarrollado en Madrid, Cataluña, Valencia y Galicia y está en tramitación en Murcia, la Rioja y Extremadura permitiría reforzar la autoridad del profesor.

El sindicato ha reclamado que la ley permita a los docentes gozar del "principio de veracidad en sus denuncias" y que gocen de la protección jurídica adecuada a sus funciones y de la potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces.

Además, ha pedido que ante cualquier agresión física a un profesor, amenaza, acto de fuerza o retención ilegal se pueda aplicar directamente el Código Penal.

El decreto trata de dar respuesta a los problemas de la convivencia

El conseller de Educación, Cultura y Universidades, Rafael Bosch, señaló este miércoles que su departamento está preparando un decreto para mejorar la convivencia escolar, el cual recogerá los derechos y deberes de todos los agentes implicados en la educación, como profesores, alumnos y padres de estudiantes. La futura norma tratará de dar respuesta a los problemas existentes en el actual modelo para mejorar la convivencia en los centros.

Así, según detalló el conseller, uno de los aspectos que abarcará el decreto será la consideración de los profesores como autoridad pública, para dotar a esta figura de la correspondiente definición jurídica. Bosch puntualizó que se está pensando en incluir dentro de esta consideración en primer lugar al equipo directivo de los centros y más adelante a los profesores.