La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales, y por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012.

Una cifra poco llamativa dado que las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal del Gobierno socialista en 2010 ya supusieron unos ingresos para las arcas públicas de 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en 2009 y alrededor de un 1% del PIB.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que una de las novedades que estudia el Ministerio de Hacienda será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, especialmente las realizadas con billetes de alta denominación, para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.

La medida, aplicada ya en países como Francia e Italia, según recordó Sáenz de Santamaría, es un elemento "muy claro" en la lucha contra la economía sumergida y contra el uso de dinero negro en esos pagos, en palabras de la portavoz del Gobierno, quien añadió que también es una manera "muy clarificadora" de detectar dónde se están produciendo las grandes bolsas de fraude.

El plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

El nuevo plan de control tributario facilitará también a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y se pedirá información fiscal a los países que antes eran considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas holandesas, al tiempo que se impulsará la firma de nuevos convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales.

Sáenz de Santamaría también adelantó que el plan intensificará el control sobre ciertos sectores —que no especificó— más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito. En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento.

La mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, así como la potenciación de la vigilancia aduanera o las normas 'antiabuso' son otros de los pilares en los que se basará el nuevo plan de prevención del fraude.

Asimismo, se potenciará la 'autorregularización' voluntaria, la 'autocorrección' de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención on line de información tributaria personalizada y la formulación de consultas a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones especialmente complejas.

Concretamente, sobre la 'autorregulación' voluntaria, Sáenz de Santamaría explicó que se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, y con la finalidad también de poder reducir recargos o sanciones. "Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude", indicó Sáenz de Santamaría.

Finalmente, destacó que estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones de euros en 2012, una cantidad que consideró "muy importante" para garantizar la "justicia y equidad" en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde".

Jesús Robles, presidente de la Asociación de Subinspectores de Tributo, explicó a 20minutos.es que no es posible erradicar totalmente el fraude fiscal pero, de conseguirlo, el Estado "ingresaría unos 241.000 millones de euros más".

Unas cifras muy cercanas a las que baraja José María Peláez, que ha presidido la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (APIFE), y cuantifica en 70.000 millones de euros, como mínimo, las cuotas no ingresadas cada año. Teniendo en cuenta que el periodo de prescripción es de cuatro años, se puede calcular que son unos 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas en las arcas públicas.