Comisiones Obreras (CC OO) ha informado que el único juez del Registro Civil de Murcia, Antonio Martín Ferradal, ha sido sancionado con una multa de 3.000 euros por la comisión de una falta grave de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por exceso o abuso de poder, según han informado fuentes sindicales.

Desde el sindicato se han felicitado por esta resolución, "tras años y años de tropelías", aunque consideran que "la resolución es algo 'light'".

Y es que, en los hechos probados de la resolución se detallan minuciosamente diversas actuaciones del magistrado hacia cinco funcionarias del Registro Civil de Murcia, todas ellas denunciantes en este expediente sancionador.

Según la resolución, el Magistrado habitualmente se dirigía a la secretaria judicial de forma a vejatoria, "diciéndole que no se enteraba de nada, que era una ignorante, que allí se hacía lo que él decía, que él era el Poder Judicial". Esta situación provocó humillación, angustia y temor en la mujer, que acabó con una baja laboral por ansiedad.

De forma igualmente vejatoría trataba al resto de las denunciantes. A una de ellas llegó a decir que "se pasaba las mañanas sin hacer nada, con el papo puesto en la silla". A otra  "le dijo que el comentario que le había hecho rozaba la subnormalidad", según consta en la resolución. Las voces y los malos modos eran, parece ser, habituales en el Registro.

Martín Ferradal también se refería a los ciudadanos de forma humillante.  En el expediente sancionador se dice que en ocasiones utilizaba los términos de 'maricones' cuando se trata de matrimonios entre personas del mismo sexo o 'los gilipollas estos' para referirse a los extranjeros". Con otra funcionaria utilizó "putas" para referirse a las mujeres que tienen un hijo fuera del matrimonio, "cornudos" para referirse a los maridos de éstas y el término "gentuza" para los que solicitan la nacionalidad.

Por ello, desde el Sector de Justicia "no se entiende que no se haya investigado el retraso existente en los expedientes de nacionalidad provocado por las órdenes expresas del magistrado, pese a la inspección realizada en el Registro Civil, como así consta en la denuncia formulada por CC OO, lo cual hubiese podido constituir una falta muy grave".

El juez Antonio Martín Ferradal es un viejo conocido para los ciudadanos de Murcia. En marzo de 2007 el TSJ de Murcia le abrió un expediente disciplinario por apreciar indicios de supuestas faltas de desatención y desconsideración al ciudadano. El magistrado impidió a una pareja inscribir a su hija como Julieta, a otra niña como Bieita y a una tercera llamar a su hijo Noa.

En 2008, varios directores de los tanatorios de la Comunidad se pusieron en contacto con 20minutos para denunciar que este juez retrasaba hasta 3 horas las autorizaciones de enterramiento por detalles nimimos como haber puesto en un informe de defunción "muerte en el hospital de la Arrixaca", en lugar de "Virgen de la Arrixaca". Como consecuencia del retraso, los familiares se veían obligados a esperar en los cementerios mientras llegaba la licencia.

También Martín Ferradal está detrás de la dura pugna que tuvo que mantener un jubilado murciano para poder cambiarse el nombre. Sus siete hijos, incluidos los que vivían en el extranjero, fueron llamados a declarar para que Francisco de Palma Egea-Millán pudiera pasar a llamarse Fernando.

En Murcia también ejercen otros magistrados polémicos, como el magistrado de la Audiencia de Murcia Juan del Olmo, que anuló una condena a un hombre que había llamado "zorra" a su esposa porque "no era un insulto" si se hacía para destacar la astucia.

También en Murcia trabajaba Fernando Ferrín Calamita, que fue condenado por el Supremo a 10 años de inhabilitación por haber retrasado intencionadamente la adopción de una niña por parte de un mujer lesbiana.