Comisiones Obreras (CCOO) ha informado que el juez del Registro Civil de Murcia ha sido sancionado con una multa de 3.000 euros por la comisión de una falta grave del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por exceso o abuso de poder, según han informado fuentes sindicales en un comunicado.

Así, desde el Sector de Justicia de CCOO, sindicato también denunciante en este proceso, se han felicitado por esta resolución, "tras años y años de tropelías por parte del juez con el resto del personal del Registro Civil de Murcia, así como con los ciudadanos que acuden a realizar gestiones".

Sin embargo, consideran que "la resolución es algo 'light', dado que el expediente bien podía haberse incoado por la comisión de falta muy grave".

Y es que, en los hechos probados de la resolución se detallan minuciosamente diversas actuaciones del magistrado hacia cinco funcionarias del Registro Civil de Murcia, todas ellas denunciantes en este expediente sancionador.

Según la resolución, "el Magistrado ha tratado habitualmente a la secretaria judicial de manera vejatoria, diciéndole que no se enteraba de nada, que era una ignorante, que allí se hacía lo que él decía, que él era el Poder Judicial, todo ello sin consideración a su dignidad, provocándole situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés, que han provocado su baja laboral por estado de ansiedad".

Igualmente, ha quedado probado que el Magistrado requirió a una funcionaria para que en el acto ordenase la mesa, a lo que la misma respondió "que lo haría cuando terminara el trabajo que estaba realizando, insistiendo el magistrado reiteradamente en que la ordenase, alzando el tono de voz y diciéndole que le estaba jodiendo".

A ello, la funcionaria respondió "que ella no jodía a nadie, sentándose en su silla, frente a lo que el Magistrado empezó a gritarle que le ordenaba que se levantase para hablar con él a la misma altura, que le estaba dando una orden y que se estaba insubordinando, requiriéndole a la Secretaria Judicial para que levantase acta de lo que estaba sucediendo".

Por otro lado, el magistrado "la ha tratado habitualmente de manera vejatoria, manifestándole que él era el que mandaba allí y que hacía lo que él decía, diciéndole a los restantes funcionarios que no hablasen con ella, que no quería verlos cerca de ella, provocándole situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés".

Respecto a otra funcionaria que entró al despacho del magistrado, manifestándole que tenía un expediente para su resolución, "éste le dijo que si se creía que le tenía que atender la primera, que lo dejase y se fuera".

"El Magistrado la ha tratado habitualmente de manera vejatoria y despectiva, diciéndole que no sabía hacer nada, que él iba a ser su maestro, que se callase e hiciese lo que él decía", continúa la resolución.

Del mismo modo, a otra funcionaria, "le decía que se pasaba las mañanas sin hacer nada, con el papo puesto en la silla, indicándole el Magistrado a que las consultas se las hiciese a él pues los demás no sabían una mierda, y manifestándole que ella no sabía nada pero que él sería su maestro".

Otro ejemplo, ante una consulta que le hizo una funcionaria al magistrado en su despacho, "le dijo que el comentario que le había hecho rozaba la subnormalidad, ante lo cual ella respondió que dicho comentario entendía que no procedía en ningún caso, echándole entonces el juez a gritos del despacho".

Trato vejatorio a los ciudadanos

Por otro lado, "el Magistrado en ocasiones se ha dirigido a una funcionaria utilizando para identificar a los interesados en los expedientes, los términos de 'maricones' cuando se trata de matrimonios entre personas del mismo sexo o 'los gilipollas estos' para referirse a los extranjeros".

Con otra funcionaria, utilizó el término de "maricones, mariconas" para los matrimonios del mismo sexo, "putas" para referirse a las mujeres que tienen un hijo fuera del matrimonio, "cornudos" para referirse a los maridos de éstas y el término "gentuza" para los que solicitan la nacionalidad.

Por ello, desde el Sector de Justicia "no se entiende que no se haya investigado el retraso existente en los expedientes de nacionalidad provocado por las órdenes expresas del magistrado, pese a la inspección realizada en el Registro Civil, como así consta en la denuncia formulada por CCOO, lo cual hubiese podido constituir una falta muy grave".