El gobierno de la Generalitat ha aprobado este martes el proyecto de ley de consultas populares diferentes del referéndum, que prevé utilizar el padrón como base orientativa para el censo en unas consultas que según lo previsto no requerirían la autorización estatal.
El Govern ha esperado a su última reunión ordinaria del año para aprobar un proyecto salido del compromiso adoptado por CiU y ERC en el pasado debate de política general en el Parlament.
La iniciativa se enmarca en el "ejercicio del derecho a decidir y la transición nacional" La ley pretende desplegar el artículo 122 del Estatut, que otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en las consultas populares que no sean por la vía de referéndum, una vía que exige el permiso de la Administración Central del Estado. Para sortear este inconveniente, el Govern que preside Artur Mas ha diseñado una norma que intenta blindar jurídicamente la posibilidad de que Cataluña convoque una consulta.
La iniciativa, según ha explicado el portavoz del Govern, Francesc Homs, se enmarca en el "ejercicio del derecho a decidir y la transición nacional" planteada por Mas, cuya primera estación ha de ser el pacto fiscal, sobre el que la Generalitat se reserva la posibilidad de convocar una consulta en Cataluña.
Homs ha asegurado que el proyecto se ciñe al marco jurídico que definió la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut: el artículo 122, ha recordado, "pasó el filtro".
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