Con las campanadas de Nochevieja finaliza uno de las trastornos que han sufrido este año cerca de 200.000 personas (entre ellos, 40.000 parados de larga duración): la cancelación de su tarjeta sanitaria con la imposibilidad de acceder a los servicios públicos de Sanidad y a la extensión de recetas médicas.

La Disposición Adicional Sexta incluida en la nueva Ley General de Salud Pública, aprobada el pasado 6 de octubre, amplía desde el 1 de enero el derecho a la asistencia sanitaria "a todos los españoles residentes en territorio nacional". Un avance importante frente a la normativa anterior, de 1986, que fundamentaba en la cotización a la Seguridad Social -y por lo tanto en la situación laboral del paciente- el derecho a ser atendido en la Sanidad pública.

"Era una situación paradójica porque la Sanidad se financia con impuestos, no mediante las cotizaciones a la Seguridad Social", explica el portavoz de la plataforma gallega S.O.S. Sanidade Pública, Manuel Martín. "El problema se ha creado por voluntad política. Antes se hacía la vista gorda con las personas que habían agotado su prestación. No se cobraba su visita, o le metían en la cartilla de un pariente. Pero nunca les habían dejado sin cobertura... hasta este año".

Los afectados por el 'limbo sanitario', tras su sorpresa inicial al pedir una cita médica y enterarse de que se habían quedado sin asistencia gratuita, tenían tres opciones: hacerse 'beneficiarios' de la prestación sanitaria de un familiar, acogerse a un régimen de personas sin recursos -cuyo periodo de tramitación se alargaba "meses" según S.O.S. Sanidade Publica- o suscribir un seguro privado.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista confirman que no será necesario un reglamento normativo de la Ley que fue aprobada el 22 de septiembre por 341 votos a favor y dos abstenciones. "La Disposición Adicional Sexta solo prevé determinar un reglamento para extender el derecho a quienes ejerzan una actividad por cuenta propia", afirma una portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados. "Los demás podrá ejercer su derecho sin necesidad de un reglamento y con independencia de la Comunidad donde vivan".

"La norma está aprobada, pero hay muchos aspectos que penden de ella como, por ejemplo, las tarjetas sanitarias, que implicaría a otros ministerios como el de Trabajo y Seguridad Social. Lo tendrán que decidir los nuevos cargos entrantes...", reconocen sin embargo a 20minutos.es fuentes del Ministerio de Sanidad sobre una Ley aprobada hace casi tres meses.

Desde la Consejería murciana de Salud -una de las comunidades donde la desactivación de tarjetas sanitarias provocó quejas de los pacientes desempleados de larga duración- aseguran por su parte que el problema de las tarjetas está solucionado "después del revuelo" que surgió a finales de este año. "Hubo un problema de desinformación, pero ya hemos enviado una circular a los gerentes de área para que no rechacen la atención a ningún paciente", afirma un portavoz del Gobierno murciano.

En 20minutos.es detallamos qué ciudadanos van a recuperar su cobertura sanitaria gracias a la Ley 33/2011 sancionada el 5 de octubre, y los problemas a los que se enfrentaban en el pasado:

Desempleados que agotaron su subsidio

La extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública "será efectiva para las personas que hayan agotado la prestación o el subsidio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012", según afirma la Disposición Adicional Sexta de la nueva Ley sanitaria. El secretario general saliente de Sanidad, Alfonso Jiménez, reconoció a principios de este mes que era consciente de un problema que ha azotado a 40.000 personas “a causa del incremento de personas en paro que han perdido la prestación". Desde el 1 de enero, se les garantiza su derecho a a acudir al centro de atención primaria y beneficiarse de la extensión de recetas pese a no estar cotizando a la Seguridad Social.

Desempleados o personas que nunca cotizaron, con rentas mayores al IPREM

Los parados de larga duración y personas no cotizantes con rentas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -el antiguo Salario Mínimo Interprofesional- sufrían una doble barrera de acceso a la Sanidad pública. Por un lado, al no cotizar sus tarjetas quedaban invalidadas. Y además, al disponer de ingresos superiores a 532,51 euros mensuales ó 6.390,13 anuales (el baremo actual del IPREM), no podían optar a la tarjeta de pacientes 'sin recursos'. La consecuencia era que debían pagar su asistencia médica. Una situación que también resuelve la Ley General de Salud Pública y que afectaba a personas que viven de las rentas generadas por inmuebles, o dependientes físicos que nunca cotizaron pero disponían de rentas familiares.

Pacientes en trámite de una nueva tarjeta

Los ciudadanos que, una vez agotado su subsidio de desempleo, se encontraron con la tarjeta desactivada por no estar cotizando, se han visto obligados a acreditarse como personas "sin recursos" para disponer de cobertura sanitaria. "El problema es que este trámite dura en ocasiones cuatro o cinco meses", afirma Manuel Martín, de S.O.S Sanidade Pública, quien asegura que los centros sanitarios están recibiendo circulares no oficiales para que estas personas sean atendidas mientras se tramita el nuevo documento. En Murcia, por ejemplo, su Consejería de Salud confirma que los pacientes con tarjeta desactivada están siendo informados de sus opciones (conseguir una para personas "sin recursos" o incluirse en la de un familiar) y se extiende un documento de 'tarjeta en trámite' para que puedan ser atendidos en su centro de Salud.

Afiliados a colegios profesionales

Los profesionales liberales como abogados o arquitectos -afiliados a las Mutuas de su Colegio profesional, que les paga la jubilación y la asistencia sanitaria- no están integrados en el Régimen de Trabajadores Autónomos en la Seguridad Social y por lo tanto no estaban cubiertos por la Sanidad pública. Ahora, sin embargo, podrán acudir a los centros de salud de la Seguridad Social. El apartado 3 de la Disposición Adicional Sexta, sin embargo, aplaza a junio la decisión sobre las condiciones de extensión de su derecho y se estudia en el Ministerio que deban pagar una cantidad adicional. En el caso de los funcionarios de justicia (MUGEJU), de funcionarios civiles (MUFACE) o personal de las fuerzas armadas (ISFAS), su acceso a las mutuas se mantendrá como hasta ahora; si fueran atendidos en un centro sanitario público, "el gasto sería posteriormente reclamado".

Inmigrantes recién empadronados

La situación de los inmigrantes varía según la Comunidad Autónoma donde residan. La Ley de Extranjería garantiza que los inscritos en el padrón de un municipio tienen derecho a asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. En Galicia, sin embargo, la Ley de Acompañamiento presupuestaria aprobada la semana pasada ha fijado en seis meses el plazo mínimo de residencia para que los extranjeros puedan estar cubiertos por la Sanidad pública. El anterior Gobierno socialista advirtió al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que la medida era "ilegal". Y Cataluña estudió una iniciativa similar que finalmente no se incluyó en la Ley Omnibus. "Vamos a denuciarlo ante la Justicia y ya hemos interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo", explican desde S.O.S. Sanidade Pública.