Gusmao declaró en una rueda de prensa que ha tomado el mando de la seguridad, incluyendo los servicios de información e inteligencia, después de una semana de violencia provocada por una división en el Ejército.
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El presidente aseguró haber tomado la decisión junto con el primer ministro, Mari Alkatiri, a quien muchos acusan de desatar la crisis al despedir a un grupo de soldados que protestaban por su situación el mes pasado.
Gusmao informó de que será el único que coordinará la actuación de los 2.500 soldados enviados por Australia a Timor Oriental para acabar con la violencia, que se ha cobrado al menos 20 vidas.
Pero mientras hablaba aún se veían salir columnas de humo de varios edificios en Dili mientras las pandillas - resultado de un desempleo masivo y de una paupérrima economía en el país más joven del mundo - jugaban al ratón y al gato con las fuerzas de pacificación de Australia, Malasia y Nueva Zelanda.
A los muertos se suman los miles de desplazadas y decenas de casas y negocios quemadas a causa de los disturbios provocados por el despido el mes pasado de unos 600 soldados - de un total de 1.400 del nuevo Ejército - que protestaban por una discriminación.
La petición de ayuda es un motivo de embarazo para el Gobierno, que recibió las llaves del país de la ONU en 2002 después de un sangriento referéndum de independencia de Indonesia.
El ministro de Asuntos Exteriores, Jose Ramos-Horta, admitió el martes que el Gobierno ha fallado al pueblo y que es muy probable que se produzcan cambios en el gabinete, aunque no en el caso del primer ministro.
'Creo que es inevitable que haya dimisiones por una razón u otra', dijo en una rueda de prensa mientras el Consejo de Estado, el mayor órgano consultivo del país, se reunía con Gusmao. 'Todo el país espera alguna acción rápida y prudente'.
El responsable de la fuerza de pacificación de 2.500 efectivos, el brigada Mick Slater, dijo en la misma rueda de prensa que más de la mitad del ejército timorés ya ha entregado sus armas. Las tropas extranjeras también negocian con los soldados rebeldes para un traspaso del armamento.
Sin embargo admitió que la policía, algunos de los cuales se habían aliado con las facciones armadas, ha sido más reacia a colaborar.
La Cruz Roja dice que más de 40.000 personas se han ido de sus casas a causa de la violencia y que comienzan a escasear los alimentos en la capital.
/Por David Fox/
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