Barcelona, Valencia y Almería han acogido este domingo una serie de manifestaciones en protesta por la discriminación que padecen con motivo del Día de las personas migrantes.
En Barcelona, unas 150 personas, según la Guardia Urbana, han reivindicado sus derechos y trabajo digno para todos, inmigrantes o no, en una marcha que ha recorrido las calles principales del centro de la ciudad sin incidentes.
"Los inmigrantes no son mercancía de usar y tirar" era el lema de la pancarta que abría la manifestación, en la que se reclamó el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, cuyas condiciones de vida han sido denunciadas reiteradamente por diversas asociaciones y sindicatos.
En Valencia
En la capital del Turia, miembros de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y del Movimiento 15-M e inmigrantes han reclamado con una marcha festiva y una protesta el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). El 15-M y la Campaña por el cierre de los CIE han organizado una marcha que se ha iniciado en la plaza del Ayuntamiento y ha finalizado en el centro de extranjeros de Zapadores, en cuyos alrededores se han concentrado unas 200 personas. La marcha, en la que algunos de los participantes iban ataviados con disfraces, ha estado acompañada del sonido de tambores.
La Campaña por el cierre de los CIE considera que estos centros son opacos a los derechos humanos y en ellos se encarcela a personas que únicamente no tienen permiso de residencia en España, conforme a una legislación europea "injusta y contraria" a los mismos principios "en que dice basarse la Unión Europea", la justicia, la igualdad y la libertad.
Esta plataforma denuncia socialmente y formalmente "los casos de tortura que se practican impunemente desde que existen estos centros", según indica en un comunicado.
En Almería
En la capital almeriense, cientos de inmigrantes han participado en la manifestación convocada por más de una treintena de organizaciones en protesta por la actuación de la Oficina de Extranjería de Almería, a la que acusan de realizar "masivas denegaciones, extinciones o no renovación de los permisos".
En la movilización, convocada bajo el lema "Por un trato digno en la Oficina de Extranjería", han participado inmigrantes de diversas nacionalidades, principalmente magrebíes y subsaharianos, que han llegado en autobuses procedentes de diferentes puntos de la provincia.
Al grito de "ninguna persona es ilegal", los manifestantes han recorrido el paseo de Almería desde Puerta Purchena, han pasado por delante de a Subdelegación del Gobierno, y han subido la céntrica rambla.
Según el manifiesto difundido por la treintena de organizaciones y colectivos convocantes, entre las que se encuentran IU, Equo, el Movimiento 15-M, la asociación Almería Acoge y Cáritas, la Oficina de Extranjería de Almería mantiene una actuación "abusiva, injusta y caótica", que se traduce en "masivas denegaciones, extinciones o no renovación" de los permisos solicitados por los inmigrantes.
Aseguran que "en Almería la mayor parte de expedientes son puestos bajo sospecha y denegados por cualquier motivo", de forma que su tramitación se prolonga durante dieciocho meses de media.
Polémica por la Oficina de Extranjería
La Subdelegación reaccionó el pasado jueves a la convocatoria de la manifestación con un comunicado en el que remarcó que la actuación de la Oficina de Extranjería se rige de acuerdo a la normativa vigente.
A este respecto, señaló que el nuevo reglamento de Extranjería exige a los solicitantes de los permisos contar con un contrato de trabajo real y efectivo de un año de duración, suscrito por un empleador que acredite los medios para hacer frente a las obligaciones salariales y de Seguridad Social, además de otros requisitos como carencia de antecedentes penales, periodo de residencia de tres años e informe de arraigo.
"De ese modo, se garantizan los derechos laborales de los trabajadores extranjeros y se evita la obtención de la documentación sin el necesario contrato de trabajo y posterior alta en la Seguridad Social", subrayó.
Además, puntualizó que la demora media de las resoluciones de arraigo social no supera el plazo de unos cuatro meses, y no los 18 que dicen los colectivos convocantes, y apuntó que la Ofician aprueba el 90% de las renovaciones de los permisos de residencia que se tramitan.
No obstante, el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, se sumó el viernes a las críticas de los colectivos al señalar que la denegación generalizada de permisos denunciada en Almería "no es legal" ni tampoco usual en el resto de la Comunidad.
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