Un país de la UE podrá llevar a otro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si considera que no ha consagrado adecuadamente la "regla de oro" en su Constitución, según el borrador del pacto fiscal, el cual prevé que el acuerdo entre en vigor cuando nueve países del euro lo hayan ratificado.

Las negociaciones sobre el borrador comenzarán el próximo martes y para la primera semana de enero se ha fijado una segunda reunión. La intención es que el texto final esté listo a finales de enero y que pueda ser firmado en marzo y después ratificado.

La idea es embarcar a los veintisiete Estados de la UE en el proceso de negociación, incluidos aquellos que no lo firmen, aunque el Reino Unido, que se excluyó del pacto fiscal, será un mero "observador", según fuentes europeas. El pacto fiscal incluirá a los diecisiete países del euro, y otros nueve Estados miembros de la UE han expresado su intención de sumarse al Acuerdo Internacional para una Unión Económica Reforzada.

El acuerdo entrará en vigor cuando nueve miembros del euro lo hayan ratificado -una mayoría simple de los 17 de la eurozona, según consta en un primer borrador- y será vinculante para cada Estado una vez haya depositado el instrumento, lo que significa que un país puede demorarse o retrasar este paso. Si un Estado no lo ratifica, legalmente no es vinculante, pero políticamente no sería "confortable" rechazarlo durante mucho tiempo.

Los países que no comparten la moneda común pueden optar por someterse inmediatamente a las normas o esperar hasta que se incorporen al euro, que es el caso de la mayoría de los Estados que tienen previsto sumarse al acuerdo.

En cuanto al contenido del borrador, el artículo 8 señala que "cualquier parte contractual que considere que otra parte contractual ha incumplido el artículo 3(2) puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE". El dictamen del tribunal será vinculante y el país afectado deberá tomar las medidas necesarias para cumplir el fallo dentro del periodo establecido por la corte.

El texto se refiere a la "regla de oro" o freno de deuda, que los países firmantes se comprometen a incorporar en sus constituciones o legislaciones equivalentes. El déficit estructural (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) no debe exceder el 0,5% del PIB al año y en el artículo 3(2) consta, además, la obligación de que los países establezcan un mecanismo de corrección automático que se activará en caso de desviaciones significativas.

Este mecanismo debe ser definido a nivel nacional sobre la base de principios acordados conjuntamente e incluir la obligación de presentar un programa para corregir las desviaciones durante un periodo de tiempo establecido. El pacto obliga a todos los países firmantes, no solo de la eurozona, a limitar su déficit, aunque en el caso de los Estados que no comparten la moneda común se trata de un "compromiso político".

Las partes firmantes pueden incurrir temporalmente en déficit, pero solo para tener en cuenta el impacto presupuestario del ciclo económico y en casos excepcionales como en periodos de graves ralentizaciones económicas, siempre y cuando no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

Además, el borrador especifica que solo aquellos países cuya deuda se encuentra "significativamente por debajo" del 60 % del PIB pueden superar el 0,5 %. Cuando la deuda excede el 60 % del PIB, el país afectado tendrá que reducirla en una veinteava parte cada año como media.

En cuanto a las sanciones por déficit excesivo (3%), los países deben apoyar las recomendaciones de la Comisión Europea para sancionar a un Estado salvo que una mayoría cualificada se oponga. Los países sujetos a un procedimiento tendrán que elaborar un programa presupuestario y económico vinculante en el que detallen las reformas estructurales que acometerán.

Según las fuentes, las sanciones no se aplicarán a los países que no están en el euro, dado que no hay base legal para ello. Los Estados miembros deben informar a la Comisión Europea y al Consejo de sus planes de emisión de deuda antes de ejecutarlos.

Las partes firmantes quieren mejorar la cooperación en materia de gobernanza económica en asuntos esenciales para el buen funcionamiento de la eurozona, pero "sin socavar el mercado interior", un guiño al Reino Unido. La intención de los países sigue siendo incorporar las medidas "cuanto antes" a los Tratados de la UE. También establece que las cumbres del euro serán "informales" y se celebrarán al menos dos veces al año.