Nemesio Antonio Pisonero, en prisión en Ourense por matar a su mujer y a su hijo en 1998, percibe la pensión de viudedad desde el citado año, con lo que se trata del segundo caso de estas características detectado en los últimos días, según confirmaron fuentes penitenciarias.

Tras conocer este caso que publican este miércoles varios diarios del Grupo Editorial Prensa Ibérica, las citadas fuentes confirmaron que el condenado percibe dicha prestación, pero que en ningún caso Instituciones Penitenciarias tiene acceso a sus cuentas ni capacidad para actuar sobre ellas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo informaron que la pensión que percibe Pisonero procede del Ministerio de Economía, encargado de abonar las prestaciones a los funcionarios pertenecientes a la Mutualidad de Funcionarios del Estado (MUFACE), colectivo al que pertenece el condenado.

Según publican este miércoles los diarios del citado grupo editorial, Nemesio Antonio Pisonero ha estado cobrando durante los últimos trece años la pensión correspondiente a la mutua de clases pasivas por la fallecida, que ascendía a más de 800 euros al mes en el último año.

Desde el pasado marzo, el condenado percibe la retribución máxima legal, de unos 2.400 euros mensuales, cifra en la que se incluye su propia jubilación.

Nemesio Antonio Pisonero fue condenado a 26 años de cárcel, con un cumplimiento efectivo de 20, por matar a su mujer y a su hijo el 25 de marzo de 1998 en el que era el domicilio familiar situado en Laguna de Duro (Valladolid).

Desde 2009 Pisonero disfruta del régimen de tercer grado que le fue concedido por el juez de vigilancia penitenciaria en contra de los informes elaborados por los responsables de la prisión.

En su perfil de Facebook que no se actualiza desde abril, el homicida destaca su interés por las mujeres y su estado de viudedad.

El Ministerio de Economía y Hacienda, entidad encargada de abonar las prestaciones a los funcionarios de la Mutualidad de Funcionarios del Estado (Muface), ha dado orden al Abogado del Estado para que estudie el encaje legal para que estudie la posibilidad de "suspender con carácter inmediato" la posible retirada de la pensión de viudedad al profesor vallisoletano.

Fuentes del Ministerio de Economía han indicado a Europa Press que se apela a la Abogacía del Estado porque, la sentencia del profesor Nemesio Antonio Pisonero, es de 2001, previa a la ley de 2004 que entró en vigor en enero de 2005 y que legisla sobre violencia de género.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, ha asegurado, en declaraciones a Efe, que a pesar de que no tiene carácter retroactivo en cuanto al reconocimiento del derecho, sí debe servir para la pérdida de esa prestación en cuanto se aprobó la norma, que sí impide que los maltratadores puedan heredar de sus víctimas o cobrar una pensión de viudedad.

La letrada vallisoletana Doris Benegas, una de las dos acusaciones particulares personadas en su día contra Nemesio Antonio Pisonero, también se ha pronunciado y ha calificado de "indignante" que el condenado haya disfrutado hasta la fecha de la pensión de viudedad de la víctima.

La secretaria general de Igualdad de la Xunta gallega, Susana López Abella, también se ha sumado a las críticas y ha manifestado que es "absolutamente intolerable"  y ha asegurado que "se debe garantizar y vigilar para que estos casos no se produzcan".

El caso de este asesino se suma al de Llorenç Morell, condenado en 2005 a 18 años de prisión por haber matado a su esposa en Sils (Girona) y que, desde julio de 2005 y como consecuencia de un error administrativo de la Seguridad Social, estuvo cobrando una pensión de viudedad de 592,92 euros mensuales.

La Ley Integral contra la Violencia de Género impide que los asesinos hereden de su mujer o cobren una pensión de viudedad, por lo que, tras investigar el caso, la Seguridad Social revocó la citada paga "de forma inmediata".

El error no se descubrió hasta que tuvo que realizarse la audiencia prevista para calcular el valor de los bienes con los que el condenado debería haber hecho frente a la indemnización, y fue en dicho acto donde la Seguridad Social reveló que este organismo estaba pagando una pensión de viudedad al condenado.