Las 'cundas' o taxis de la droga no tendrán un final, al menos a corto plazo, en Madrid capital. Así lo reconoce el propio Ayuntamiento de la ciudad, que afirma que, aunque su esfuerzo es "grande", los resultados "no son los que nos gustarían".

Estas fueron las palabras que este martes pronunció el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Javier Conde, en la comisión del ramo, en la que el grupo municipal de Izquierda Unida le ha preguntado por una situación que, según admitió el propio Conde, "crea inseguridad a los vecinos".

Durante esta comisión, la edil de IU Mari Prado de la Mata ha recordado que, junto a las cundas históricas de Simancas, Embajadores y Sierra de Guadalupe (Puente de Vallecas) ha surgido "un nuevo yacimiento de empleo" que emplea a jubilados y conductores profesionales para llevar a toxicómanos hasta la Cañada Real, el principal mercado de la droga de Madrid.

"Ya no son sólo los 'yonkis' que quieren ir a la Cañada y prestan su coche, sino que, por tres euros cada pasajeros u ocho euros cuando hay mucho mono y es urgente, señores jubilados, taxistas... hacen sus viajes a la Cañada. Eso se llama delito", señaló la concejala.

Se trata, por tanto, de ciudadanos que "tienen en regla sus papeles, que van bien vestidos, que no tienen síntomas (de drogadicción), que lavan sus coches... Nos consta que hay operativos judiciales, policía y controles, pero la realidad es que las 'cundas' siguen, y eso sí que está penado en el artículo 368 del Código Penal", que prevé entre tres y seis años de prisión para quien "favorezca o facilite el consumo ilegal de drogas".

Ante estas informaciones, el coordinador municipal de Seguridad reconoció la existencia de las 'cundas'. Conde recordó que tanto la Policía Municipal como el Cuerpo Nacional de Policía han establecido "operativos de seguridad in situ" que identifican a toxicómanos y conductores, comprueban que no tengan antecedentes o reclamaciones judiciales y constatan que tengan la documentación en regla.

"La forma de operar se ha ido modificando. Ya no nos encontramos ante vehículos que se puedan retirar por estar en mal estado ni ante personas que tiene cuentas pendientes con la justicia", confirmó el responsable municipal, que, sin embargo, se quejó de carecer de herramientas suficientes.

Según expuso, no es bastante con inspeccionar los vehículos en origen y destino en busca de sustancias o verificar la situación legal de quienes los usan. Además, recalcó que una vigilancia adecuada necesitaría de "un dispositivo muy grande", superior a las 2.400 jornadas de policía que, aseguró, se emplean ahora.

Este despliegue, añadió, ha dado como resultado seis detenciones, 137 denuncias por tráfico, 22 vehículos retirados, 2.293 personas filiadas y 893 controles de la documentación de vehículos.

Las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento son insuficientes para los vecinos. En el caso de Embajadores, los vecinos alertan de que el trasiego es "constante" y que la presencia policial es escasa.

Por ello, la Plataforma Recuperemos Embajadores recoge firmas cada fin de semana y se manifiesta periódicamente para que el Ayuntamiento y el resto de administraciones pongan solución a la presencia de toxicómanos junto a sus viviendas.