La trama se articulaba a través de una entidad denominada Mutualis, que no consta inscrita en ningún registro oficial español y que permitía a los pensionistas holandeses ser dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores de unas empresas con las que no mantenían ninguna relación laboral real y efectiva, dado que carecían de actividad y no tenían ningún tipo de facturación.
Ahorro de 7.000 euros
De esta forma, los pensionistas se ahorraban los más de 7.000 euros anuales del seguro que tendrían que contratar en su país -según una ley vigente en los Países Bajos desde el pasado 1 de enero- y accedían al sistema de Seguridad Social español por 1.050 euros anuales, distribuidos en una cuota de inscripción de 350 euros y cuatro cuotas trimestrales de 150 euros.
Mediante el fraude, los pensionistas no sólo accedían a la asistencia sanitaria en España a un precio muy inferior al que habrían de pagar en su país, sino que al ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social adquirían de pleno derecho otros beneficios del sistema, como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente e incluso la jubilación.
Mutualis canalizaba las altas en Seguridad Social a través de dos empresas de Barcelona, LTQPS S.L. y LTQIS S.L., que remitían a los pensionistas unos contratos a tiempo parcial con el mínimo porcentaje de jornada laboral.
Actividades excluídas
Cada mes, los supuestos trabajadores enviaban a MUTUALIS una relación de las actividades realizadas -regar las plantas del vecino, acompañarle al médico, etc- por las cuales percibían 30 euros.
Esas actividades están excluidas del Régimen General, según el artículo 98 de la Ley General de la Seguridad Social.
Los detenidos son el supuesto director de la inexistente Mutualis; el encargado de contabilidad y el administrador único de las dos empresas LTQ de Barcelona.
Sección de investigación de la Seguridad Social
En total, la red había dado de alta a 89 pensionistas holandeses: 37 residentes en Gerona, 30 en Alicante, 11 en Málaga, y uno en Lleida.
La Tesorería General de la Seguridad Social informó sobre este presunto fraude a la Inspección de Trabajo a fin de que declare inexistente la relación laboral.
Además, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se puso en contacto con los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y con la Seguridad Social holandesa.
Las investigaciones fueron llevadas llevadas a cabo por la sección de investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.
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