Antonio Redondo, de 30 años, ha conseguido que su entidad financiera haya aceptado saldar a través de la entrega de su vivienda la deuda de la hipoteca que mantenía tras haber perdido su trabajo en la construcción, un logro que el grupo Stop Desahucios del Movimiento 15M de Granada atribuye a la movilización y la presión social.

Redondo ha explicado este miércoles que, tras perder su trabajo, pasó a una situación que le impedía continuar pagando las cuotas de la hipoteca que había contraído con Unicaja. "Comuniqué al banco que no podía hacer frente a pagos mensuales de 600 euros porque además se me habían terminado las ayudas sociales", ha dicho. A pesar de que le ofrecieron dejarlos en una cantidad de 400 euros mediante una moratoria, esta opción le pareció insuficiente: "No me dieron ninguna solución y acudí al 15M", ha señalado.

La dación en pago ahora aceptada por la entidad había sido solicitada por Antonio desde el mes de abril, pero en un principio no obtuvo respuesta alguna. Más tarde, le ofertaron una dación parcial, que tampoco satisfacía sus peticiones. Después de una protesta que tuvo lugar a las puertas de esta caja el pasado 21 de octubre y la intención de continuar con esta presión social, éste aceptó negociar y finalmente aceptó la entrega de la vivienda como forma de saldar la deuda pendiente por la hipoteca.

Esta victoria ha supuesto para Antonio un ahorro de unos 100.000 euros que, de haberse quedado de brazos cruzados hubiera tenido que abonar, a pesar de haber tenido que salir de la casa. Después de esto, su pareja y él se han trasladado a vivir con sus padres porque "no tengo otro sitio donde ir", ha señalado.

Para este joven, significa "un paso adelante en Granada porque siembra un precedente en la lucha que veníamos manteniendo contra los desahucios y la injusta Ley Hipotecaria". Además, ha considerado que demuestra que "las movilizaciones para denunciar casos como este dan resultado y pueden hacer rectificar a los bancos mediante la presión de los ciudadanos". Por último, ha animado "a todo el mundo que esté en una situación parecida a que luche por sus derechos y siga este ejemplo porque es el camino para cambiar las cosas".

Por su parte, un miembro del grupo Stop Desahucios ha recordado que, en estos momentos, atienden unos 25 casos en la provincia y ha pedido a los ciudadanos "que acudan a nosotros porque podemos echarles una mano". Así, ha informado que este grupo proporciona tanto ayuda legal como personal a través de la organización de movilizaciones y ha hecho un "llamamiento a la judicatura para que sea sensible a estas situaciones tan dramáticas, que implican que personas y familias se vayan a la calle sin posibilidad alguna de continuar en su vivienda".

En relación al caso de Antonio, ha manifestado que "no permitiremos que se eche a nadie de su casa cuando la causa sea la pérdida del empleo" y ha denunciado el sistema de tasación que aplican los bancos. Una vivienda que el joven compró por 135.000 euros, fue tasada en primer lugar en 150.000 y luego 115.000 euros. "La valoración la hace una empresa asociada al banco y tira por alto para dar un crédito, pero a la hora del embargo es mucho más baja", ha afirmado este miembro del grupo, quién ha criticado que la entidad pueda vender finalmente la casa a precio de mercado con un "enriquecimiento injusto", pero continúe reclamando la diferencia entre la adjudicación y la tasación al hipotecado.

Por otro lado, este grupo y todo el Movimiento ya se preparan para el desalojo previsto de la Casa del Aire, fijado para el 14 de diciembre a las 8,00 de la mañana. Este caso ya conocido se ha vuelto "aún más injusto" tras comunicar el juez a la inquilina que, si no abandona el inmueble de forma voluntaria, deberá hacer frente a las costas del proceso judicial abierto desde hace años, "en un claro desafío a la ola de paralización de desahucios y desalojos que ha comenzado en todo el Estado".