Ocho detenidos en Málaga por importante fraude en multipropiedad

Según la Policía, la red habría utilizado desde el año 2000 a 300 empresas y a más de 1.000 personas para cometer sus fraudes, que habrían generado unos beneficios de 18 millones de euros.

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'Las cifras podrían representar más del 90 por ciento de la estafa en la reventa de multipropiedad anglosajona establecida en la Costa del Sol en los últimos años', dijo en un comunicado.

La trama comenzó hace seis años, cuando un grupo de personas procedente de Canarias se estableció en la Costa del Sol, Fuengirola y Mijas, donde presuntamente comenzó a desarrollar estructuras empresariales con ánimo defraudatorio dirigido al mercado anglosajón y al centroeuropeo.

La estructura empresarial utilizaba diferentes modalidades de estafa. En una de ellas, tras llegar a un acuerdo inicial con los propietarios, les engañaban para que realizaran transferencias en concepto de pagos por gastos notariales o de gestión.

Además, vendían el mismo producto vacacional a diferentes personas, multiplicando los beneficios, y luego ofrecían emprender acciones legales contra las empresas timadores, con lo que volvían a estafar a las víctimas.

De esta forma crearon multitud de empresas ficticias, otras reales o que se hacían pasar por legales de reconocido prestigio en el ámbito del tiempo compartido.

De los ocho detenidos en la operación 'Trafalgar', cuatro son británicos, dos sudafricanos, un belga y una noruega.

'Vivían de una forma relativamente sencilla y sin ningún tipo de ostentaciones y escasas propiedades, lo que lleva a la conclusión que los mismos sólo son un escalón más en la estructura desmantelada', dijo la Policía.

En los registros se ha encontrado abundante documentación en forma de contratos, listas de miles de propietarios y referencias bancarias.

Con el servicio prestado por teleoperadoras en locales alquilados y con poca proyección exterior visible cometían la estafa durante meses y después desaparecían y aparecerían en otros locales, repitiendo la estafa una y otra vez.

Las operaciones policiales se han visto dificultadas por la escasa interacción entre los distintos eslabones de la cadena, a lo que se sumó que las denuncias llegaban a España con meses e incluso años de retraso, con el inconveniente de no poder contactar directamente con las víctimas extranjeras.