Ecologistas en Acción ha asegurado este miércoles que la Junta de Andalucía es "corresponsable" del fallo emitido por el Tribunal Supremo (TS) sobre Boliden que, además de ratificar el dictado en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), exime a esta empresa de pagar los 89,9 millones de euros que conllevó el vertido tóxico de 1998 de las minas de Aznalcóllar e impone a la Administración autonómica el pago de 5.000 euros por las costas procesales.

En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de la organización ecologista, Isidoro Albarreal, ha explicado que el problema radica en que, tras el fallo del TSJA en 2007, la Junta, en lugar de plantear "un recurso ante la Sala de Conflictos" tal y como el tribunal le había indicado, decidió recurrir por la vía administrativa. Por ello, ahora, "cuatro años después, nos encontramos en la misma situación de inicio por el simple hecho de que la Junta no quiso presentar este conflicto de competencias".

Es por esto por lo que Ecologistas tacha a la Administración de "corresponsable" de la situación actual y le pide "menos pose" a la hora de valorar la sentencia. En este sentido, Albarreal —que asegura creerse las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, de que va a "pelear hasta el final para que se haga justicia" en este caso—, pide a la Administración que "aprenda las lecciones" y que deje la "batalla electoral" para otra época.

A juicio de la organización, la Junta ha estado perdiendo el tiempo desde 2007 y, además, ha estado "mintiendo" porque "fue ella la que permitió a las Minas de Aznalcóllar hacer lo que le dio la gana y más". Se refería Albarreal así al hecho de que Medio Ambiente "no hiciera nada en los años 94, 95, 96 y 97 cuando hubo hasta 12 denuncias de Ecologistas (por los vertidos de la mina); tampoco iniciara ningún expediente de los que tenía que haber iniciado cuando se produjo la rotura de la balsa y ahora quiera reclamarle daños (a Boliden), a posteriori, que es lo que el Supremo ha considerado que no se puede hacer".

Según este portavoz, esta situación es "igual a la que pasa ahora en la Mina de Cobre Las Cruces" (en Gerena); es decir, "que Ecologistas hace permanentemente denuncias del incumplimiento de las autorizaciones que la Junta da a Cobre Las Cruces, la Junta lo sabe y no hace lo que tiene que hacer". "De vez en cuando abre un expediente sancionador y poco más. De hecho, por ahora, no hay ninguna multa pagada", insiste.

Ante ello, Ecologistas en Acción pide al departamento que dirige Díaz Trillo que "escuche, lea y mire bien las denuncias" que le hace llegar la organización sobre esta mina porque es "absolutamente falso lo que dijo ayer el consejero de que no va a poder pasar lo de antes (un episodio como el de Aznalcóllar) porque se aplica la Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental (GICA)". "Eso es absolutamente falso en Cobre Las Cruces porque está funcionando con una cosa que se llama Plan Global y que no ha pasado el filtro de esa ley porque la Junta así lo decidió en contra de Ecologistas", que ha llevado este caso en concreto a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Sobre esta mina, y en particular, sobre su acuífero, Albarreal también ha criticado que se estén "extrayendo ilegalmente unos dos millones de metros cúbicos anuales" y, además, la empresa que la gestiona esté "contaminando cuantitativa y cualitativamente" unas aguas que, en caso de sequía, sería de las que bebieran toda Sevilla y su área metropolitana. También ha alertado de que, para compensar estas extracciones, Cobre Las Cruces "ha propuesto coger todas las aguas negras (vertidos) de Sevilla e inyectarlas" en el acuífero, algo de lo que Ecologistas ya ha avisado a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Gudalquivir (CHG) para que "se le obligue a pasar por el filtro de la ley GICA". Según Ecologistas, Medio Ambiente a contestado "por ahora que no" a su petición.