El juez decano de Vigo, Germán Serrano, ha precisado que la propuesta realizada por jueces decanos españoles sobre el estudio de la creación de una "tasa disuasoria o pedagógica" —que tendría el objetivo de aliviar la carga de trabajo de la Administración de Justicia y así agilizar el servicio— no supone que se cobraría "por acudir", sino que se realizaría "por proceso o según acabe el proceso".

En una rueda de prensa, ha explicado que esta propuesta —planteada recientemente en la reunión de decanos celebrada en Vitoria— es "genérica" y forma parte de una serie de planteamientos que se expresan, y sobre los cuales se dará traslado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al próximo ministro de Justicia.

En el caso de la propuesta de la citada tasa, ha precisado que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita fija que "en ningún caso" a la persona que sea "pobre en justicia" se le pueda aplicar la tasa. "Los límites los tenemos claros", ha enfatizado al respecto.

Serrano, que ha estimado que cada procedimiento supone un coste medio de 1.300 euros, ha precisado que la iniciativa planteada para su estudio —teniendo en cuenta la excesiva judicialización de la vida social, económica y política— pretende que el ciudadano vaya a los tribunales con "cierta presunción de razón" y evitando así los casos en los que se acude "sin motivo justificado".

Además de este planteamiento, los decanos también abogan por potenciar los servicios alternativos de resolución de conflictos —mediación, arbitraje y conciliación—, lo cual también supondría una descongestión para los juzgados españoles.

Serrano aportó cifras para defender la postura, explicando que mientras que en España entraron el pasado año 9,6 millones de asuntos, en Francia, con tres cuartos más de población, aunque con un mejor ratio de juez por habitante, entraron 6,5 millones. "Algo está fallando, porque no es normal que entren tantos casos", ha estimado al respecto de la situación que se da en España.

El juez decano ha confiado en que el nuevo Gobierno "estudie y analice" las demandas de los jueces decanos con vistas a que las pueda tener en cuenta. Asimismo, ha destacado que muchas de las medidas propuestas "no suponen un coste económico".

Carga de trabajo

Los decanos consideran que la situación de la Administración de Justicia es "obsoleta y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza" y destacan que hay jueces "cada vez más agobiados por una insoportable carga de trabajo e incapaces de ejercer sus responsabilidades en condiciones adecuadas para atender a los usuarios, para el estudio detenido de los casos y para el necesario control sobre los asuntos" que se les encomiendan.

Así, proponen cuestiones relacionadas con la independencia judicial —como la "elección democrática" de los 12 vocales del CGPJ y una "mayor contundencia de los ataques a la independencia judicial especialmente por los partidos políticos", entre otras—, propuestas de modernización, sobre la planta judicial —con incremento del número de jueces, la agrupación de partidos judiciales y la sustitución de actuales juzgados por tribunales de instancia— y de agilización —como la citada tasa—.

En cuanto a la agilización, y con vistas a evitar demoras en los procesos, el decano vigués también abogó por la "concentración de todos los recursos" de la fase de instrucción, salvo los que afectan a derechos fundamentales.

En el caso de las necesidades concretas de Vigo, ha recordado que "ahora mismo la pelea" es el servicio de mediación familiar y el "refuerzo de lo social".

Asimismo, tras recordar que este año no se creó ningún nuevo juzgado en España, ha manifestado que "las perspectivas son negativas" para 2012 en ese sentido. En todo caso, indica que "lo más necesario es la creación de plazas de jueces, pero no de nuevos juzgados", considerando la primera opción "más ágil, rápida y económica".

En ese sentido, ha esperado que la Ley de Tribunales de Instancia que "quedó en el tintero" en esta legislatura se retome por parte del próximo Ejecutivo, pero partiendo de la iniciativa inicial elaborada por el CGPJ.