Un manifiesto en la red contra la aprobación del reglamento de la ley Sinde

Un manifiesto en la red contra la aprobación del reglamento de la ley Sinde

Ángeles González-Sinde
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. (Villar López / EFE)

Viñeta de apoyo al Manifiesto en defensa de los derechos en Internet.El Consejo de Ministros no ha aprobado finalmente el reglamento de la Ley Sinde en una decisión sorprendente de última hora, ya que su aprobación estaba prevista tras el visto bueno a la ley del PP.

Ramón Jáuregui, en una entrevista en ABC Punto Radio, aseguró que "la ley Sinde va en el orden del día del Consejo de Ministros, es un asunto importante", por lo que se dio por segura su aprobación, ya que el Ejecutivo contaba con el apoyo del Partido Popular para sacar adelante el reglamento. "El Gobierno aprobará el reglamento con el acuerdo del PP", dijo Jáuregui, algo que finalmente no ha ocurrido.

 

Ante la posible aprobación de esta reglamento, en Internet se empezó a difundir una reedición del manifiesto que hace dos años redactaron unos cuarenta periodistas y profesionales de la Red para condenar las modificaciones legislativas de la ley Sinde. 20minutos.es se convirtió en el primer diario online en suscribirlo y respaldarlo. Poco después, miles de usuarios respondieron dando su apoyo al texto en defensa de los derechos fundamentales en Internet.

Además de recordar los diez razonamientos expresados en el manifiesto original del 2 de diciembre de 2009, el nuevo texto, que también respalda 20minutos.es, señalaba lo siguiente:

"Ante la previsible aprobación hoy de la polémica ley Sinde, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

En principio no parece de recibo que un Gobierno en funciones adopte esta decisión en su último o uno de sus últimos Consejos de Ministros. Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EE UU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks. En todo caso insistimos en estos razonamientos:

 

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia".

Cómo funcionará la ley Sinde

La ley Sinde, recogida en la disposición final cuadragésimo tercera de la Ley de Economía Sostenible y publicada en el BOE el 5 de marzo de 2011, permite la retirada de contenidos o la interrupción del servicio de una web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor, esté o no alojada en un servidor de España, previa autorización de un juez de la Audiencia Nacional. El Real Decreto refuerza el procedimiento de mediación y arbitraje de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente de Cultura, con el propósito de la resolución "voluntaria" y "extrajudicial" de los conflictos sobre propiedad intelectual.

Fue el pasado 15 de febrero cuando el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la disposición final de la ley de Economía Sostenible conocida como ley Sinde, con el apoyo de PSOE, PP y CIU y con la oposición de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC.

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