Un juez de Barcelona ha abierto una investigación contra el director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, y la ex teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Assumpta Escarp, por la operación policial y las cargas del pasado 27 de mayo en la acampada de indignados de plaza Catalunya.

En un auto, el juez acuerda admitir a trámite la querella interpuesta contra estos responsables por medio centenar de indignados por la operación policial, que se saldó con más de un centenar de heridos, y ha abierto una causa en la que ha acumulado otras 50 denuncias presentadas en los juzgados por las cargas.

La investigación se dirige también contra el responsable del dispositivo de orden público en Barcelona de los Mossos d'Esquadra, Antoni Antolín; contra un jefe de los antidisturbios, David Bordas; así como contra los guardias urbanos y policías autonómicos que puedan resultar responsables, por posibles delitos contra derechos fundamentales, como el de reunión.

La querella presentada por el medio centenar de indignados se dirige también contra el conseller de Interior, Felip Puig, pero el juez instructor sostiene que carece de competencia para investigarlo por tratarse de un aforado, lo que correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El juez ha dictado el auto tras tomar declaración a 48 de los denunciantes y visualizar numerosos reportajes gráficos aportados en la querella por la actuación policial de plaza de Catalunya, que se inició como una "operación de limpieza" para eliminar del campamento de "indignados" elementos peligrosos de cara a la celebración futbolística de la noche siguiente.

En su auto, el juez Joan Miquel Porras considera que los hechos relatados en la querella "imponen la investigación procesal dirigida en un primer estadio a la presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad de reunión". La investigación se sitúa, según el auto, "básicamente en el ámbito de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales, así como en el ámbito de los ilícitos contra la integridad corporal, el patrimonio y las personas".

La intervención policial en la plaza Catalunya, que los indignados interpretan como un intento de desalojo encubierto, movilizó a una amplio dispositivo de antidisturbios de los Mossos y agentes de la Guardia Urbana para facilitar las tareas de limpieza del espacio de la acampada por las brigadas municipales. Los cerca de 200 indignados que dormían en la plaza se negaron a abandonarla y, al cabo de unas horas, eran cerca de un millar las personas que se concentraban en la plaza en apoyo de los acampados.

Los Mossos d'Esquadra cargaron contra los manifestantes, en una operación que se saldó con más de 120 heridos, y los indignados recuperaron la plaza después de que las brigadas de limpieza se llevaran de la acampada desde colchones, toldos o sofás, hasta los elementos rígidos que servían de soporte a las pancartas y a los altavoces, además de ordenadores y enseres personales.

La llamada operación de limpieza, que Interior dijo haber pactado con el Ayuntamiento de Barcelona, dio imágenes de manifestantes heridos que dieron la vuelta al mundo y desencadenó una lluvia de críticas contra el conseller, Felip Puig, que defendió el dispositivo y atribuyó los incidentes a la violencia de algunos concentrados.