El Alto Tribunal anula el acuerdo del Gobierno, pero señala que no cabe pronunciarse sobre la procedencia o no de indemnización alguna "por cuanto dicha petición no se formuló en vía administrativa".
En septiembre de 1976
Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 1976 en la calle Barquillo de la capital cuando Carlos González "fue asesinado por un grupo de personas cuando participaba en una manifestación no autorizada convocada por la 'Coordinadora pro amnistía'.
La cita era para conmemorar el primer aniversario de los fusilamientos de miembros de ETA y FRAP ocurridos en 1975".
Según indica la sentencia, su fallecimiento tuvo lugar al ser alcanzado por dos impactos de bala disparados por la misma pistola "portada por persona no identificada, pero incluida en un grupo de contramanifestantes que proferían gritos identificados comúnmente con grupos de extrema derecha".
El Consejo de Ministros denegó la concesión
El fallecido "no reune los requisitos necesarios para ser acreedor de este tipo de condecoraciones, que exclusivamente se dedica a las víctimas de actos terroristas".
Muerte "por motivos políticos"
La madre de la víctima en su recurso alegó que se trató de una muerte "por claros motivos políticos" y que su hijo fue víctima de un acto terrorista.
Además, recordó que la propia Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior incluyó la muerte de su hijo en un informe sobre datos estadísticos de víctimas de terrorismo desde 1968 a 1987.
Por su parte, el abogado del Estado alegó que la referida distinción únicamente podría otorgarse a víctimas de actos terroristas, lo que "no habría ocurrido con el hijo de la actora al ignorarse quién ocasionó su muerte, si pertenecía o no a un grupo o banda armada y cuáles eran sus fines".
La propia Administración ha reconocido que fue víctima de un acto terrorista
El Alto Tribunal señala que no se puede aceptar la tesis del Abogado del Estado, "en el sentido de diferenciar a efectos de la concesión de la Gran Cruz, con los efectos excluyentes que aquél pretende, entre víctimas de bandas armadas y víctimas de grupos terroristas".
"Además resulta fundamental tener en cuenta que queda acreditado en el expediente administrativo que la propia Administración ha reconocido que fue víctima de un acto terrorista", concluye la sentencia.
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