Los diputados del Parlamento Europeo tendrán que hacer públicos todos sus ingresos por actividad profesional que superen los 5.000 euros al año y rechazar pagos y regalos a partir del próximo enero, de acuerdo al nuevo código de conducta aprobado por la comisión europarlamentaria de Asuntos Constitucionales.

Las nuevas reglas éticas, que han recibido el visto bueno del pleno de la Eurocámara este 1 de diciembre, justo cuanto comenzarían a llegar los presentes navideños, empezaron a forjarse en marzo tras el escándalo protagonizado por tres eurodiputados que sucumbieron a un falso soborno del diario británico The Sunday Times y que fue publicado en diferentes medios de comunicación.

Los diputados tendrán que declarar públicamente y en Internet cualquier actividad profesional que hayan ejercido en los tres años precedentes a ocupar su asiento en Estrasburgo y también si han ocupado algún puesto relevante en empresas, ONG o asociaciones.

También estarán obligados a notificar cualquier actividad remunerada, aún siendo ocasional, que asuman mientras sean eurodiputados, incluidas tareas de asesoramiento o de escritores, y siempre que superen los 5.000 euros al año.

Además, el código advierte de las causas que pueden plantear un conflicto de intereses y deja claro que cualquier apoyo económico sea de la naturaleza o interés que sea puede incurrir en este conflicto y, por tanto, ha de hacerse público. La declaración de intereses que firma el eurodiputado deberá ser modificada en un plazo máximo de 30 días cada vez si las condiciones cambian.

La Eurocámara también se vuelve más estricta para evitar sobornos y obligará a los eurodiputados a rechazar o derivar a la presidencia del Parlamento --en caso de representación de la Cámara-- cualquier regalo que reciba por un valor superior a los 150 euros. Con todo, aclara que el reembolso de gastos directos no se considerará un regalo si asiste al evento en cuestión en respuesta a una invitación oficial.

Además, se fijan sanciones para los eurodiputados que incumplan los compromisos del código de conducta, que podrán ir desde una amonestación hasta la pérdida de la asignación diaria o la suspensión de actividad (no así el derecho a voto) durante un máximo de diez días. El Parlamento deberá poner en marcha un sistema de control para el cumplimiento de las reglas más severas y las sanciones serán publicadas en la página web de la institución, una vez sean decididas por el presidente, tras consultar con el comité asesor.

Sin embargo, el caso español es diferente. Según un auto del Tribunal Supremo, los funcionarios públicos podrán aceptar obsequios siempre que "no exista perspectiva de ninguna actuación administrativa concreta, sino solo en consideración" a la labor que ha efectuado ese funcionario. De lo contrario, estarían incurriendo en un delito de cohecho. A pesar de todo, los diputados y senadores de nuestro país sí deben hacer público su patrimonio.

En el caso de EE UU, La legislación permite a los cargos políticos aceptar obsequios en caso de que resulte importante para conservar las buenas relaciones diplomáticas. Sin embargo, los presentes nunca quedan en poder del funcionario ya que se destinan al departamento de archivos extranjeros. En enero de este año, la Casa Blanca publicó un listado con los regalos que había recibido el presidente Barack Obama por parte de los diferentes mandatarios.