El caso Andratx ha sumado su décimoquinta sentencia condenatoria -los 15 juicios celebrados hasta el momento se han saldado con imposición de penas- después de que el exjefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y exalto cargo del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, se haya conformado este miércoles a seis meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación para cargo público por haber permitido la ampliación de una vivienda unifamiliar de 134 metros cuadrados que había sido construida en los años noventa y que estaba ubicada en terreno protegido.

Mientras, tanto la Fiscalía como la acusación particular han retirado sus acusaciones contra el excelador municipal Jaume Gibert y el exasesor jurídico del Consistorio José Ignacio Mir, quienes también han vuelto ha sentarse en el banquillo de los acusados a pesar de que finalmente no han sido juzgados por estos hechos. De esta forma, Mir ha abandonado la sala mientras que, en el caso de Gibert, el presidente del tribunal, Eduardo Calderón, le ha indicado que "puede irse pero de forma simbólica", ya que de nuevo debía ser conducido a la cárcel de Palma, donde cumple condena en el marco de esta causa.

En concreto, la Fiscalía pedía las mismas penas que a Massot para Gibert, por un delito de prevaricación urbanística y 9.000 euros de multa por falsedad en documento oficial para Mir, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola. Por su parte, la acusación particular, ejercida por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxà en representación del Ayuntamiento de Andratx, solicitaba dos años de prisión para Massot, un año y ocho meses para Gibert y un año de cárcel para Mir.

Tal y como declara probado el escrito de conformidad, relativo a la pieza número 55 del caso, el propietario del terreno obtuvo en 1992 licencia para levantar un chalet a pesar de que sólo había unas ruinas que no podían rehabilitarse por haber perdido el uso de vivienda, mientras que cinco años después le fue concedido otro permiso para construir una piscina. Sin embargo, fue en 2001 cuando Massot entró en escena al ser solicitada licencia para ampliar el chalet.

Así, el también exalto cargo del Govern de Jaume Matas emitió en junio de 2002 un informe favorable a la concesión pese a indicar en el mismo que se trataba de suelo catalogado como Área Natural de Especial Interés (Anei) y Área Rural de Interés Paisajístico (Arip). Y ello a pesar de conocer "perfectamente" la normativa urbanística, los trámites a seguir si era terreno protegido y saber que se estaba solicitando una ampliación que suponía rebasar en dos veces y media el volumen máximo autorizable por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Andratx.

Es más, el acusado también omitió el trámite de información pública y la remisión del expediente al Consell de Mallorca para la emisión del informe, evitando de esta forma el informe negativo de la Administración insular y posibilitando una ampliación de hasta un total de 226,1 metros cuadrados, es decir, un cien por cien del inexistente volumen inicial. "Se infringía así la Ley de Disciplina Urbanística por cuanto sin informes preceptivos no se puede otorgar licencia y en caso de concesión son nulas de pleno derecho".

Mientras tanto, el escrito recuerda cómo el celador de obras emitió un informe oficial en el que afirmaba que en la parcela existía una vivienda cuya antigüedad era anterior a 1950, debido a que "parte de la construcción era una buena imitación de las técnicas constructivas de las edificaciones rurales de Mallorca". Del mismo modo, el asesor jurídico emitió su informe jurídico el 26 de junio de ese año, también favorable, lo que posibilitó de esta forma que la licencia fuese concedida el 5 de julio.

Se da la circunstancia de que la Audiencia desestimó, en el marco de esta pieza, el recurso de apelación que interpuso Mir contra el auto dictado por el anterior juez del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción del fleco. El imputado alegaba que actuó de este modo debido a que ya había sido otorgada una licencia en 1992 por nadie impugnada y su abogado apuntaba además a la carencia de conocimientos técnicos suficientes por parte de su patrocinado. Unas alegaciones que fueron rechazadas de plano por el órganio judicial, que confirmó de este modo el auto recurrido.