Unanimidad para que las empresas concesionarias presenten un informe de incidencias laborales

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, un moción del grupo municipal de IU, a la que se ha sumado un texto transaccional del grupo socialista, en la que se exige a las empresas concesionarias que en el plazo de dos meses presenten un informe pormenorizado de las incidencias laborales de los últimos dos años.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, un moción del grupo municipal de IU, a la que se ha sumado un texto transaccional del grupo socialista, en la que se exige a las empresas concesionarias que en el plazo de dos meses presenten un informe pormenorizado de las incidencias laborales de los últimos dos años.

Además, el texto de la moción exige la entrega al Servicio de Prevención y Salud y al Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza, en el plazo de 15 días, de los planes de prevención de riesgos laborales de las empresas concesionarias.

El concejal del grupo municipal de IU, Raúl Ariza, ha aseverado que "en asuntos de salud no se juega" y ha subrayado que "no se pueden aceptar mermas en las condiciones de prestación de un servicio que oferta el Ayuntamiento.

A su parecer, el Ayuntamiento tiene que vigilar porque se cumpla la ley y la moción pretende "facilitar las condiciones de trabajo". Ariza ha explicado que las empresas que quieran trabajar con el Ayuntamiento "tienen que ser ejemplares en el cumplimiento de la ley y la administración tiene que potenciar los perfiles sociales".

El portavoz del grupo municipal de CHA, Juan Martín, ha expuesto el apoyo a la moción y el vicealcalde y consejero municipal de Presidencia, Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, ha precisado que el Ayuntamiento ya cuenta con un procedimiento de control de las obligaciones de las contratas para apreciar que "no hay ningún tipo de problema".

El concejal del grupo municipal PP, Enrique Collados, ha expuesto su disconformidad con el segundo punto de la moción al apreciar que "atenta contra la ley de protección de datos y no podemos exigir más de lo que exige la inspección de trabajo". Según Collados, el Ayuntamiento puede exigir a las contratas que se está al corriente de los pagos a los trabajadores y de las cuotas de la Seguridad Social.

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