Media docena de profesores acusados de cometer un delito electoral en las pasadas elecciones generales acudió este miércoles a los Juzgados de Plaza de Castilla para presentar alegaciones. Su delito: haber votado o intentado votar el 20-N con las ya conocidas camisetas verdes, en las que reza la leyenda 'Escuela pública de todos para todos'.

Después de conocer que colectivos de profesores llamaban a convertir el 20 de noviembre en una jornada de defensa de la educación pública, la Junta Electoral Central (JEC) envío una notificación urgente a todos los colegios electorales advirtiendo que ni los apoderados ni los interventores de las mesas electorales podían portar "leyendas, símbolos, emblemas o lemas que, directa o indirectamente, puedan ser constitutivos de propaganda electoral".

Sin embargo, el punto tercero de la resolución de la JEC excluía explícitamente a los electores. "Lo previsto [...] no es de aplicación [...] en tanto no incurran en la realización de actos que impliquen propaganda electoral". En la práctica, lo que ocurrió fue que la Policía Nacional, apoderados y miembros de las mesas electoral aplicaron la normativa a criterio.

ARA GARCÍA / Según la JEC, Ara no podía ejercer como apoderada en el colegio Rufino Blanco de Chamberí, en Madrid, si vestía la prenda de la discordia. También llevaba un lazo con la bandera republicana en su bolso. De acuerdo a su testimonio, siete policías le llevaron a un cuarto para que se deshiciera de las dos cosas alegando que eran "inconstitucionales". "Me obligaron a quitarme la camiseta y el lazo. Por la tarde fui a votar al Centro de Servicios Sociales 'Pontevedra' sin camiseta. Me llegó el telegrama y he venido a alegar, pero han puesto mal los datos del juzgado y no sé qué tengo que hacer".

ÁNGEL / Este maestro del Colegio de Infasntil y Primaria Rosa Chacel de Collado Villalba votó con la camiseta verde, pero no le tomaron los datos ni fue denunciado. Pese a ello, acudió este miércoles a Plaza de Castilla para autoinculparse  en solidaridad con sus compañeros de profesión. "Algunas personas me dijeron que la Policía no me iban a dejar acercarme a la urna, pero no tuve problemas. La camiseta no es partidista. Yo defiendo un bien público".

LIDIA / También se autoinculpó este miércoles porque los recortes que han provocado el conflicto educativo también han llegado a su centro, la Escuela Oficial de Idiomas de Alcorcón. "Me sorprende que no haya una denuncia masiva. No sé a qué está esperando la gente para defender la educación pública. Nos quitan lo que es de todos y nadie abre la boca".

MARÍA /  Como otras 200 personas, según cálculos de CC OO, María recibió el pasado viernes un telegrama de la Junta Electoral en la que se le advertía de la denuncia por delito electoral y se le daba un plazo de 48 horas para que diese su versión de los hechos. "Fui al colegio Amador de los Ríos en Madrid y la presidenta de la mesa no me dejó votar. Le pregunté si podría hacerlo si daba la vuelta a la camiseta, pero me lo impidió. Lo que le molestaba era el color verde de nuestra protesta. Me fui a casa y, cuando me serené, volví para poder votar, pero sin la sudadera", relata.

María, profesora veterana, prefiere ocultar su rostro tras la notificación de la JEC por miedo a represalias. "Ya me he significado mucho y no quiero tener más problemas", alega. Tampoco su compañera, que denuncia haber sufrido el mismo "atropello democrático" tras haber recibido el telegrama de la JEC. "¿Por qué no puedo votar vestida de verde si no pedía el voto para ningún partido?", denuncia. "No hemos cometido ningún delito. Defender la educación pública no es ningún delito", zanja.

Los profesores que presentaron alegaciones no estuvieron solos este miércoles. Junto a ellos, un centenar de compañeros acudió a Plaza de Castilla bien para autoinculparse de haber cometido el mismo delito, bien para sumarse a la denuncia que otro grupo de profesores ha promovido contra la Consejera de Educación, Lucía Figar, por injurias y calumnias.

En total, los docentes presentaron unos 170 escritos. Santiago, uno de los profesores que primero denunció a Figar, calculó que este requerimiento por la vía penal ha superado ya las 700 adhesiones.

Eulalia Vaquero, diputada de IU en la Asamblea de Madrid, acompañó a los docentes este miércoles advirtiendo que la frase que aparece en las camisetas verdes "está en la Constitución Española", de manera que "nadie" puede ser sancionado por llevarla.