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CIS de Sevilla niega trato de favor al sobrino de Chaves y dice que no sabía su parentesco cuando le dio el tercer grado

El Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asúa de Sevilla ha negado este lunes haber dado un trato de favor al sobrino del vicepresidente del Gobierno en funciones y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, al que le concedió el tercer grado penitenciario --sólo acude a la cárcel para dormir-- tras su condena de tres años y medio por un delito de abuso sexual a menores.

El Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asúa de Sevilla ha negado este lunes haber dado un trato de favor al sobrino del vicepresidente del Gobierno en funciones y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, al que le concedió el tercer grado penitenciario —sólo acude a la cárcel para dormir— tras su condena de tres años y medio por un delito de abuso sexual a menores.

En declaraciones a Europa Press, la directora del CIS, Milagros Moreno, ha añadido que los miembros de la Junta de Tratamiento del Centro que decidieron por unanimidad aplicar esta clasificación penitenciaria al acusado "ni siquiera sabían que era el sobrino de Manuel Chaves". En ese sentido, enmarca la decisión en criterios estrictamente técnicos.

Según publica este lunes el diario 'El Mundo', Jaime Chaves Díaz fue condenado el pasado junio por la Audiencia de Jerez por abusar sexualmente de dos menores de edad de 14 y 15 años a las que daba clases de Pádel en un colegio jerezano.

El CIS consideró aplicarle el tercer grado penitenciario teniendo en cuenta que los hechos por los que fue condenado sucedieron hace años sin que el condenado haya reincidido. También tuvieron en cuenta que era su primera condena, que tenía un trabajo estable y apoyo familiar o que desde que se sucedieron los abusos hasta que se presentó de manera voluntaria en el CIS (el pasado septiembre), "se ha casado y ha tenido una niña", ha detallado la directora del CIS.

Otra de las razones fueron su disposición a recibir tratamiento y a pagar a sus dos víctimas las indemnizaciones a las que fue condenado (10.000 y 8.000 euros). "Ya ha comenzado a pagar", ha asegurado el centro al respecto, que ha insistido que la aplicación del tercer grado se basó en los criterios habituales y a que no había riesgo de reincidencia por parte del condenado.

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