El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado una proposición no de ley que solicitaba que la Cámara de Cuentas emitiera un dictamen que indicara si el convenio y addenda firmados entre la empresa pública Ciudad del Motor, S.A. y la compañía Dorna Sports para la celebración del Gran Premio Aragón de Motociclismo en Motorland hasta el año 2016 son totalmente respetuosos con la normativa vigente en materia de contratación del sector público.

La iniciativa también pedía que el dictamen explicara si se ajustan a la legalidad y normativa que regulan la contratación del sector público las cláusulas de confidencialidad en materia económica y si las empresas del sector público, al igual que todo el sector, tienen obligación de proporcionar toda la información económica a las Cortes de Aragón y a sus grupos parlamentarios.

La proposición no de ley ha sido rechazada con los votos en contra del Partido Popular (PP) y el Partido Aragonés (PAR), que han sumado 34, y a favor del grupo proponente, Izquierda Unida (IU), así como del Partido Socialista (PSOE), que la ha enmendado, y de Chunta Aragonesista (CHA), que han sumado 29 votos.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha explicado que el Gobierno de Aragón, en respuesta a una pregunta de su grupo, manifestó que no podían informarles sobre los aspectos económicos del convenio suscrito para la celebración del campeonato de MotoGP en Motorland porque existe una clausura de confidencialidad entre ambas partes sobre esta cuestión, de forma que una parte no facilita información a tercero sin la autorización de la otra.

Barrena ha calificado de "inaceptable" que "un gobierno democrático le tenga que pedir permiso a una empresa privada para facilitar una documentación a un grupo parlamentario" y ha estimado que por tratarse de dinero público existe una "obligación" de dar esa información, tras recordar que la inversión realizada allí "es importante", a pesar de lo cual no conocen "ni el plan de amortización, ni los retornos sociales".

El parlamentario ha manifestado sus "dudas" de que la ley de contratos del sector público "permita cláusulas de confidencialidad en temas económicos" y ha estimado que puesto que la Cámara de Cuentas de Aragón es un órgano fiscalizador pedían su dictamen sobre la legalidad de esta cuestión.

No análisis legales

El diputado del PP, Ricardo Canals, ha subrayado que compete a la Cámara de Cuentas "emitir dictámenes exclusivamente referidos a la contabilidad pública y a la gestión económica y financiera" y "no puede hacer análisis legales" por lo que la petición de IU "escapa de las funciones de la Cámara de Cuentas" y "tampoco es competente para decir si los diputados tenemos que pedir o no información sobre el sector público".

Igualmente, ha argumentado que el Gobierno de Aragón "está demostrando que es transparente y va a enviar toda la información de la que disponga" al Parlamento autonómico, pero "no puede" remitir "lo que legalmente no es posible".

La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha opinado, sin embargo, que esta iniciativa "se puede apoyar perfectamente" ya que la Cámara de Cuentas es "un órgano técnico al que corresponde la fiscalización externa del sector público de Aragón", además de que "depende de estas Cortes y su ámbito de actuación se extiende a todo el sector público".

El diputado del PAR, Arturo Aliaga, ha indicado, por el contrario, que la labor consultiva de la Cámara de Cuentas "debe ajustarse a la contabilidad pública y a la gestión económica y financiera" y por eso "no cabe pedir ese informe", para afirmar que la cláusula de confidencialidad "está admitida en el Derecho contractual español".

Asimismo, ha observado que hay que estar "muy tranquilos" porque la Cámara de Cuentas va a fiscalizar toda la actuación del Ejecutivo aragonés, también este contrato, y porque los servicios jurídicos del Parlamento se van a pronunciar sobre si se debe aportar esa información a los grupos.

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha comentado que la legislatura pasada "no sólo IU y CHA pidieron esos acuerdos, sino que el PP pedía lo que ahora niega", mientras que ahora el PSOE "dice que tenemos que tener lo que en la pasada legislatura nos negaban", para preguntarse por qué la confidencialidad sólo se ha establecido sobre las cuestiones económicas.

En este sentido, ha señalado que a su grupo, con el mismo criterio, no se les ha dado información sobre los acuerdos entre Expo Zaragoza Empresarial y determinadas empresas para la reserva de suelo en oficinas de la Expo y por eso han pedido al Gobierno de Aragón información "sobre los contratos en vigor con cláusulas de confidencialidad" para conocer "la parte opaca de contratación".

También han solicitado a la Mesa de las Cortes la emisión, por parte de los servicios jurídicos, de dos informes para determinar el derecho de los diputados a requerir información y documentos sobre empresas públicas frente a la existencia de cláusulas de confidencialidad.