El actual magistrado de la Audiencia Provincial de Palma Juan Pedro Yllanes ocupará previsiblemente antes de las próximas Navidades la plaza del Juzgado de Instrucción número 8, que hasta hace unos meses estaba en manos del juez Antoni Rotger, de forma que, entre otros numerosos asuntos judiciales, se encargará de la instrucción de los casos de presunta corrupción conocidos como Picnic, Mar Blau y Poseidón.

Así consta en la reciente resolución del concurso de magistrados de provisión de puestos de traslado convocada en octubre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que su nombramiento será publicado de forma inminente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para, en un máximo de veinte días después, incorporarse al Juzgado mientras Rotger esté en comisión de servicios como docente en la Escuela Judicial de Barcelona.

Su llegada al Juzgado de Instrucción número 8 conllevará de esta forma la salida de la actual jueza sustituta Victoria Pelufo, quien desde hace unos meses ocupa el puesto de Rotger.

En concreto, Yllanes deberá hacerse cargo de este modo del caso Picnic, que investiga un presunto desvío de 1,2 millones de euros desde el Ayuntamiento de Palma a la captación de votantes de la extinta UM cuando esta formación controlada el área de Medio Ambiente del Consistorio.

Las pesquisas apuntan a la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación a raíz de la contratación de agentes medioambientales llevada a cabo a través del Imfof a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos sino que se habrían dedicado a labores electoralistas.

Mientras tanto, el caso Mar Blau investiga a nivel global el presunto amaño de dos concursos para la explotación de amarres en Maó e Ibiza en favor del conglomerado de empresas Trapsayates, propiedad del empresario Gerardo Díaz-Ferrán. En el caso del proceso del Port de Maó, se indaga el acuerdo que Teinver —perteneciente a Trapsa— habría alcanzado con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa —si renunciaba a la concesión— tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA.

De hecho, en esta causa se encuentran imputados el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el empresario Gonzalo Pascual, así como el director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Ángel Matías, el expresidente de la APB, Joan Verger, y su predecesor en el cargo, Francesc Triay.

No obstante, más adelante se abrió dentro del caso Mar Blau una piza bajo el nombre Poseidón, en la que se indaga el posible cobro de comisiones de un empresario catalán por unos informes que habrían tenido escasa utilidad.