La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) en Granada considera "un palo", aunque "previsible", el archivo que ha decretado el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada del posible robo de una niña en 1990 en el Hospital Clínico, donde supuestamente se le entregó a la familia un bebé moribundo en lugar de su hija recién nacida.

Además, ante este caso y los continuos 'carpetazos' que está dando la Fiscalía de Granada a las denuncias presentadas —37 de los 50 casos que ha recibido— las familias que se consideran víctimas de esta supuesta "trama" han convocado una manifestación para el próximo sábado 17 de diciembre desde el Hospital Virgen de las Nieves —antiguo Ruiz de Alda— al Clínico, a los que hacen responsables de muchas de las sustracciones.

Así lo ha manifestado a Europa Press la coordinadora de Anadir en Granada, Ángela Sáez, que ha criticado que la Fiscalía no esté llamando a declarar a las familias afectadas y "se esté fiando" de las versiones que le están dando los hospitales supuestamente implicados a la Policía.

Sobre el caso sobreseído ahora, después de que la Fiscalía pidiera el archivo "por falta de pruebas", Sáez ha dicho no entender que el juez no haya tenido en cuenta los informes que posee la familia sobre las pruebas de ADN que se le realizaron al bebé que enterraron creyendo que era el suyo, que no coincidía con el de la madre.

"Después de este archivo, mucho nos tememos que el resto de denuncias que hay en la Fiscalía serán archivadas antes de llegar a manos de los jueces", ha dicho la coordinadora, que se ha quejado de cómo se están llevando a cabo las investigaciones de la Policía en Granada, cuando en otras provincias los fiscales "sí están oyendo a las familias".

Aún están pendientes, según ha confirmado Anadir, los resultados de los análisis de ADN que se encargaron tras la exhumación de los restos de dos niños que resultaron fallecidos y que pudieron ser cambiados por otros al nacer entre los años 1972 y 1985. En el primero de los casos, fue la familia la que ordenó la exhumación privada de una niña que supuestamente falleció junto a su madre en el Hospital Militar, mientras que la segunda exhumación se realizó por orden de la Fiscalía.