El Gobierno vasco propone ahorrar 100 millones en gastos de personal de la Administración

El Gobierno vasco pretende ahorrar más de 100 millones de euros en 2012. Así se lo ha hecho saber a los sindicatos en la Mesa General de Negociación que ha tenido lugar este miércoles, en la que ha presentado distintas medidas de recorte de gastos en el personal funcionario de la Administración autonómica "sin que ello suponga una merma de la calidad del servicio, ni recortes de personal".

El viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, ha detallado en un comunicado algunas de las propuestas planteadas, entre las que destacan la a supresión de todas las primas por jubilación voluntaria, la suspensión del contrato relevo que podría afectar a 365 personas, y la eliminación de la opción a prórroga en el trabajo al cumplir los 65 años.

Las retribuciones básicas de los funcionarios vascos, ha recordado, dependen de la normativa estatal, por lo que este plan temporal, aplicable sólo en 2012 y en todos los departamentos de la Administración pública vasca, se propone en todo caso hacer "más con menos". Entre otras cosas, quieren que no se cubran los puestos de trabajo que queden vacantes a consecuencia de la jubilación de los titulares, aunque reconoce que no todas las plazas podrán amortizarse.

Freno a la interinidad

También pide el Ejecutivo vasco suprimir los complementos por incapacidad transitoria, que actualmente son del 100 % en todos los casos, y plantea mantenerlos sólo para los casos de baja por accidente laboral, ya que en los diez primeros meses de este año se han producido más de 48.000 bajas, con un coste en este concepto de 43,8 millones.

La propuesta está lejos del modelo de recortes del PP y de CataluñaPor otro lado, quiere limar la posibilidad de acceder y de convocar nuevos desarrollos de carrera durante el próximo año en los departamentos de Interior, Justicia, Educación y en Osakidetza. Por último, pretende dar una instrucción para suspender las sustituciones para cubrir vacantes, salvo en determinados puestos.

Continuar con la lucha contra el absentismo, que ha pasado del 6,1 % en 2008 al 5,5 % este año, el freno a la interinidad con la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo, y reducir la externalización de servicios, de forma que se utilicen preferentemente los medios propios, son otros de los ejes propuestos por el Gobierno Vasco en la Mesa.

"Ésta es nuestra propuesta, muy alejada de lo que están haciendo otras administraciones en el resto de España", como el "modelo de recorte catalán o el modelo del PP en las comunidades donde ya gobierna y recorta", ha asegurado el viceconsejero.

Los sindicatos rechazan la propuesta

Los sindicatos representados en la Mesa General de la Administración pública han rechazado la propuesta al considerar que vuelve a recortar derechos de los empleados públicos. Y algunos llevarán a la próxima reunión, prevista para el próximo 2 de diciembre, un documento escrito de rechazo formal.

ELA ha descalificado la propuesta del Gobierno Vasco porque exige a los agentes sociales y a los trabajadores del sector público "responsabilidad para que, ante la falta de recursos, asuman los recortes como medida para salir de la crisis". Ha reivindicado un cambio de políticas de fiscalidad y de gasto social para "recaudar más y crear empleo público".

Los recortes caen de nuevo sobre quienes no son  responsables de esta crisisLAB también ha criticado la propuesta que, a su juicio, "no deja ningún margen para la negociación", por lo que ha solicitado la retirada del proyecto de Ley de Presupuestos para 2012. Ha rechazado la congelación salarial planteada "sin menoscabo de una aplicación posterior de órdenes distintas que puedan provenir" del Gobierno español.

CCOO también ha mostrado su rechazo explícito al planteamiento del Gobierno Vasco porque supone pérdida de derechos y recortes que recaen "sobre quienes no tienen responsabilidad en esta crisis, que son los trabajadores". UGT ha advertido de que, de llevarse a cabo, situaría a los empleados públicos a finales del próximo año con una pérdida del poder adquisitivo del 12 por ciento.