El Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebró el martes una vista sobre el caso José Antonio Fernández Martínez contra España. El tribunal ha escuchado los argumentos de las partes sobre el despido en 1997, por parte de la Iglesia Católica, de un profesor de Religión, sacerdote, casado y con cinco hijos.

El despido se produjo tras la publicación en la prensa murciana el 11 de noviembre de 1996 de una foto de Fernández y su familia en un acto del Movimiento Pro Celibato Opcional, del que era miembro.

El demandante se ordenó cura en 1961, pidió dispensa del sacerdocio en 1984, concedida 13 años después, para casarse por lo Civil en 1985.

Entre 1991 y 1997, fue profesor de Religión en varios institutos de Murcia.

Fernández Martínez, que actualmente tiene 73 años, ha acudido a la vista en Estrasburgo acompañado de una decena de personas, entre las que se encontraba su esposa.

El abogado del demandante, José Luis Mazón, aseguró ante los jueces de la Sección Tercera del Tribunal que "es falso" que el demandante haya defendido públicamente el divorcio y el aborto. Así, calificó la foto de "involuntaria e irrelevante".

El abogado también señala que el cura no había pedido la dispensa papal por el escándalo de las fotos, fue por la "decisión arbitraria" del obispo de Cartagena, al no renovar el contrato, por un motivo "que es injusto y no es real".

Aseguró que éste fue discriminado frente al resto de profesores de Religión de la región de Murcia, cuyo contrato sí fue renovado.

La demanda presentada en Estrasburgo en 2007, tras el rechazo del recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, invocó el derecho a un juicio justo, recogido en el citado Convenio, por "la falta de imparcialidad" de dos magistrados católicos del Alto Tribunal.

También invocó el derecho al respeto de la vida privada y familiar y la prohibición de la discriminación por "la injerencia no justificada en su vida privada" por el despido tras la publicación de la referida foto.

Además, la demanda considera que el despido supuso un atentado a su derecho a la libertad ideológica y de expresión, recogidas en los artículos 9 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por su parte, el abogado del Estado, Fernando Irurzun, recordó que en España hay 11.000 profesores de Religión y que, desde 1992, han sido despedidos 270. Añadió, que el demandante no había aportado pruebas para demostrar la supuesta discriminación.

Según Irurzun, "la situación del demandante cambió cuando hizo público su estado e hizo proselitismo", al tiempo que aseguró que el Gobierno español había respetado el equilibrio entre los derechos del demandante y los de la Iglesia Católica.

El representante del Estado aseguró que en el artículo que acompañaba la foto en un diario murciano se decía que el Movimiento Pro Celibato Opcional defendía que el aborto "es un problema personal que no puede ser prohibido por ley".

Las partes no se pusieron de acuerdo al explicar qué es el citado movimiento. Para la defensa es "una corriente interna de la Iglesia Católica, como los kikos o el Opus Dei" y para el abogado del Estado, "una organización no autorizada por la Iglesia".

El demandante afirmó que confía en el TEDDHH, porque afirma que en España "los tribunales están viciados ideológicamente".

Martínez Fernández aseguró: "Soy militante cristiano y no renuncio a la fe, y cualquiera que me haya oído hablar en la radio pensará que soy más cura que los curas".

El Tribunal de Estrasburgo inició las deliberaciones tras la vista para decidir si admite la demanda. Si es así, publicará la sentencia en los próximos meses. De resultar el caso favorable al demandante, España tendría que pagar y acatar las consecuencias judiciales que marque Estrasburgo.