AI denuncia que España expulsó ilegalmente a inmigrantes subsaharianos

AI Señala que "al menos" 13 inmigrantes subsaharianos murieron y decenas resultaron heridos al intentar entrar en Ceuta y Melilla, y "en la mayoría de los casos, la muerte y las lesiones fueron, según informes, consecuencia del uso excesivo de la fuerza o de los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas".

 En opinión de esa organización, el "acoso a inmigrantes en campos no oficiales de Marruecos y las medidas para elevar las vallas (fronterizas) de Ceuta y Melilla dieron lugar desde finales de agosto a intentos en masa de cruzar la frontera".

En cuanto a las muertes de inmigrantes en las vallas fronterizas, afirma que "pese al anuncio del jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de que España y Marruecos realizarían una investigación conjunta, al concluir 2005 no parecía que se hubiese iniciado".

Según AI, el Ejecutivo español tampoco ha presentado el informe sobre la situación de las víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y del franquismo "pese a que en 2004 el Parlamento había solicitado a las autoridades la elaboración de un informe a este respecto para poder ofrecer reparaciones" a los afectados.

  Recuerda que en noviembre se creó una comisión interministerial con ese fin, y en diciembre de 2005 el presidente del Gobierno "prometió presentar los resultados del trabajo de la comisión en un plazo de seis meses".

Sobre la ley contra la violencia de género -en vigor desde diciembre de 2004-, AI elogia el refuerzo en la protección de los afectados, pero su "aplicación no fue tan eficaz como se había esperado", pues supone una carga adicional para la víctima, que debe presentar una denuncia y pedir medidas formales para que se ponga en marcha su propia protección".

"Además sólo un 5 por ciento de las mujeres que sufrían violencia de género presentaron denuncias, y muchas de éstas padecían la indiferencia de las autoridades gubernamentales o debían hacer frente a interrogatorios faltos de sensibilidad que las desanimaban a emprender acciones judiciales", añade el documento.

AI insiste en que las víctimas siguieron enfrentándose "a considerables trabas para obtener ayuda, protección y justicia. Los prejuicios y las prácticas discriminatorias de instituciones públicas, así como la falta de coordinación entre los organismos gubernamentales con competencias en este ámbito, aumentaban los obstáculos para los grupos más vulnerables".

Al describir la situación en España, AI recuerda la última regularización de inmigrantes; la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo; la actividad de ETA y la resolución del Congreso que "autorizó al Gobierno a iniciar conversaciones" con la citada banda terrorista si "ésta abandonaba su lucha armada".

Alude asimismo a la muerte de Juan Martínez Galdeano mientras estaba detenido bajo custodia de la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar (sureste), quien "al parecer murió a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, que incluyó la utilización indebida de una pistola 'Taser'".

En febrero de 2005, la Guardia Civil declaró que las pistolas Taser y otras armas paralizantes de electrochoque "no eran de uso oficial. El Ministerio del Interior confirmó en abril que no se había adquirido esta clase de dispositivos, pero reconoció que no hay 'ninguna norma específica para regular los posibles abusos de esas armas'", añade el documento.

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